Moreno lanza una ofensiva parlamentaria para retratar al PSOE andaluz por la amnistía y los pactos de Sánchez

El Grupo Popular defenderá este jueves en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) en «defensa del Estatuto de Autonomía y la Constitución como garantía de igualdad», una iniciativa que recoge hasta 19 reclamaciones, entre las que se encuentran la convocatoria «urgente e inaplazable» de la Conferencia de Presidentes para analizar los pactos de investidura de Pedro Sánchez, así como la solicitud para que la Junta de Andalucía presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.

Esta PNL forma parte de la estrategia del PP de Juanma Moreno para retratar al PSOE andaluz y a su líder, Juan Espadas, como cómplices de la ruptura de la igualdad entre españoles y del Estado de derecho por su apoyo incondicional a Sánchez. El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, adelantó ayer miércoles que recordarán «los agravios que Andalucía está sufriendo desde que Pedro Sánchez es presidente», como por ejemplo la infrafinanciación, aunque viene de tiempos de Zapatero.

En este sentido, el PP reclama en su iniciativa «un calendario de compromisos, plazos ciertos e irrevocables, referido a la obligación de presentar por parte del Gobierno central la nueva propuesta del sistema y modelo de financiación autonómica», que «deberá garantizar la autonomía y suficiencia financiera de las comunidades y el equilibrio y sostenibilidad del sistema», además de su debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de su aprobación en el Congreso y el Senado.

Otra de las reclamaciones de los 'populares', en consonancia con el Gobierno andaluz, es «un fondo transitorio de compensación a las comunidades autónomas infrafinanciadas, con carácter urgente», mientras se aprueba el nuevo modelo de financiación autonómica, toda vez que el actual expiró en 2014, antes de plantear «que se eleven los recursos para Andalucía hasta alcanzar la media del resto de comunidades».

En defensa del Estado de derecho

Por otro lado, el PP andaluz pide al Gobierno de Juanma Moreno que adopte «cuantas medidas sean oportunas y necesarias […], en las distintas instancias españolas y de la Unión Europea, que garanticen la defensa del Estado de derecho», además del recurso de inconstitucionalidad contra la futura ley de amnistía a los encausados por el procés catalán.

Los 'populares' también instan al Ejecutivo autonómico a que, a su vez, inste al Gobierno «a que cese en las injerencias que viene realizando en la acción ordinaria de los órganos jurisdiccionales, en el Poder Judicial, en la división de poderes, en su independencia y a que proteja la Constitución, el Estado de derecho y la igualdad de los españoles ante la ley y la solidaridad entre los distintos territorios de España».

Denunciando de paso la «política errática» del Gobierno, «que ocasiona permanentes y graves crisis diplomáticas», quieren asimismo recuperar «el necesario previo diálogo y consenso a la hora de fijar posiciones del Reino de España en política exterior, con la consulta a los partidos mayoritarios de oposición –el propio PP– y a las comunidades autónomas», gobernadas en su mayoría por ellos.

Peticiones económicas

Más allá de este bloque de peticiones políticas, la PNL del Grupo Popular recoge otras de contenido más económico, como instar al Gobierno a modificar el Plan Estratégico de la PAC de España «para dar a Andalucía una PAC justa que palie el agravio que naturaliza, sin pérdida de fondos», y a «que se actualicen y revisen los acuerdos comerciales con terceros países y a que se impulse el principio de preferencia comunitaria».

También plantea que, antes de que acabe la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, es decir, antes de final de año, se «reconozca la singularidad andaluza debido a su déficit hídrico estructural», a lo que suma el impulso de un gran acuerdo nacional del agua y una reprogramación de los fondos europeos del mecanismo extraordinario.

Del mismo modo, el PP exige del Parlamento un pronunciamiento sobre «la unidad del sistema de la Seguridad Social», junto con la demanda al Gobierno de «preservar la unidad del sistema y el cumplimiento del mandato del artículo 41 de la Constitución, y a garantizar, dentro del marco del Pacto de Toledo y el diálogo social, el mantenimiento del principio de caja única de la Seguridad Social».

El Grupo Popular, presidido por el propio Juanma Moreno, también reclama del Estado una financiación al 50 % del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia en Andalucía, en consonancia con lo que el PSOE ha pactado con el PNV para el País Vasco, y la «posición contraria» del Parlamento andaluz al «agravio» del traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital a tan sólo dos comunidades, como son el País Vasco y Navarra.