Corrupción socialista
El chófer de la 'coca' pide renunciar a su abogado en el caso ERE: «No confío en él»
La juez rechaza la solicitud después de que la Fiscalía se haya opuesto a ella bajo el argumento de que el acusado ya tenía conocimiento de quién ejercería su defensa
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha comenzado este lunes el juicio de la pieza separada de la macrocausa de los ERE relativa a las ayudas que concedió el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, a su chófer, Juan Francisco Trujillo, quien recibió casi 1,5 millones de euros con cargo a la famosa partida presupuestaria 31L, el llamado 'fondo de reptiles'.
El llamado chófer de la 'coca' se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de prisión, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros por delitos de prevaricación y malversación. La Fiscalía Anticorrupción también solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares, el administrador de una de las empresas del chófer, y seis años de prisión para el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, ya condenado en otra pieza.
Durante la fase de cuestiones previas de la vista, Trujillo, que estuvo casi siete meses en prisión preventiva, ha solicitado renunciar a su actual abogado defensor y que le sea designado otro de oficio. El acusado ha manifestado que no se siente «bien atendido» por su actual abogado defensor, José Manuel Sánchez, y que no tiene «confianza» en él para este juicio. «Me estoy jugando muchos años de cárcel y no me siento representado», ha declarado.
Petición rechazada
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la petición bajo el argumento de que el acusado ya tenía conocimiento de quién ejercería su defensa. El resto de las acusaciones, la Junta de Andalucía y el PP andaluz, se han pronunciado en el mismo sentido. Así, la juez ha decidido declinar la solicitud.
Trujillo admitió en la instrucción del caso que recibió el millón y medio de euros a través de empresas sin actividad y que parte de ese dinero lo usó para comprar cocaína, inmuebles y antigüedades. Cuando declaró como imputado, el chófer confesó que llegó a gastar entre 20.000 y 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para él y su jefe, llegando a consumir más de cinco gramos al día cada uno.