La misión imposible de recuperar el botín de los ERE: muchos de los condenados se declaran insolventes

Recuperar el botín de los ERE, los 679.412.179 euros que se defraudaron en la Junta de Andalucía por el reparto irregular y arbitrario de ayudas sociolaborales a empresas entre los años 2000 y 2009, se está convirtiendo en una misión imposible. Muchos de los condenados se están declarando insolventes para no devolver el dinero defraudado, lo que dificulta una tarea ya de por sí complicada.

En febrero de 2011, la Junta de Andalucía, entonces presidida por el socialista José Antonio Griñán, inició un proceso de revisión de oficio sobre las ayudas otorgadas con cargo al programa presupuestario 31L que las declaró nulas y encauzó los trámites para que los beneficiarios reintegraran el dinero defraudado, después de que el PP denunciara el hallazgo de los primeros intrusos en los ERE de empresas donde no habían trabajado nunca.

Desde entonces, y ya han pasado 13 años de aquello, poco más de 23 millones de euros, el 3,4 % del saqueo que se perpetró en la mayor trama de corrupción de la historia reciente de España, han vuelto a las arcas de la Junta de Andalucía, que tiene abiertas tres vías para reclamar el dinero defraudado.

Una de ellas son las revisiones de oficio de las ayudas, por las que ha pedido de vuelta 129,1 millones. Las otras son la vía penal, reclamando como acusación particular el reintegro de las cantidades defraudadas en cada una de las piezas separadas, hasta el momento 134,8 millones, y el Tribunal de Cuentas, por donde se han reclamado 169,8 millones a empresas y ex altos cargos de la Junta. En total, 433,6 millones, según el último reporte del Gobierno andaluz.

Griñán niega el perjuicio

En el marco de su solicitud de indulto al Gobierno central, José Antonio Griñán ha negado que la Junta de Andalucía sea parte perjudicada en el caso ERE, pese a la malversación de casi 680 millones de euros que sufrieron las arcas autonómicas y por la que él fue condenado a seis años de prisión, una pena que se encuentra suspendida debido al cáncer de próstata que padece.

La defensa de Griñán, en un recurso contra la Audiencia de Sevilla, afirma que en la condena al expresidente andaluz no se le reprocha que haya incurrido en un perjuicio contra la Junta ni se le reclama responsabilidad civil por la malversación que se produjo en los ERE.

La Junta de Andalucía ha informado a la Audiencia de Sevilla, a la Fiscalía y al Gobierno de España, único competente para resolver las peticiones de indulto, de que «aún no ha recuperado las cantidades defraudadas y tiene pendiente respecto del solicitante de la petición de indulto en el caso ERE», después de que el tribunal le preguntara acerca de su situación como única parte perjudicada en el proceso.