Vox critica que el PP «se pone de perfil con el campo andaluz» tras rechazar su moción sobre el sector primario

El diputado del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía y portavoz en la Comisión de Agricultura, Alejandro Hernández, ha criticado este jueves que el Partido Popular y el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla «se ponen de perfil con el campo andaluz», después de que los populares no apoyaran la moción del partido de Santiago Abascal sobre el sector primario.

«Desde Vox buscábamos apoyar, defender y ayudar a nuestros agricultores y ganaderos», ha sostenido Hernández. «De nuevo nos hemos topado con un Partido Popular que ha preferido sacar su calculadora política, tirar de populismo y hacer como la izquierda, no apoyarla», ha añadido.

Vox considera que se trata de una iniciativa de «simple sentido común» que recoge «las reivindicaciones que el mundo rural exige y por las que se está movilizando en las calles de toda Andalucía desde hace ya casi cinco semanas». Ha explicado que el PP ha rechazado once de los doce puntos de la moción, y que populares y socialistas han coincidido en su rechazo a cinco de esos puntos.

Entre esos puntos que los populares han rechazado se encuentra el que pedía expresar su apoyo y respeto a las protestas y reivindicaciones del mundo rural que exigen acabar con las políticas ecologistas que amenazan su viabilidad, y su rechazo al Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030, la Ley de Restauración de la Naturaleza o a establecer cualquier reglamento de uso de fitosanitarios que atente contra la producción agrícola y ganadera en Andalucía.

También ha contado Vox entre la negativa del PP la denuncia de las graves consecuencias que el Pacto Verde Europeo ha tenido para la economía española y andaluza, especialmente para el sector primario, o el rechazo a derogar todas las políticas autonómicas inspiradas tanto en dicho pacto como en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad.

Vox ha afeado asimismo la negativa del Grupo Popular a tomar las medidas para garantizar la soberanía alimentaria dentro de las competencias autonómicas, a eliminar la competencia desleal y el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria, o a aumentar los recursos y medios para garantizar el cumplimiento de los controles de los productos procedentes de terceros países.