Los hijos de Ruiz-Mateos ya se sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Nueva Rumasa
Caso ERE
La conexión del clan Ruiz-Mateos con la corrupción del PSOE en Andalucía
Procesados tres hijos del conocido empresario y un ex alto cargo de la Junta socialista por presuntas irregularidades en ayudas de más de 35 millones de euros
José María Ruiz-Mateos llegó a ser el hombre más rico de España en la década de los 70 del siglo pasado, gracias a Rumasa, su gran creación empresarial. Falleció en 2015, a los 84 años, acusado de estafa, insolvencia punible y fraude a la Hacienda Pública. Su muerte supuso la caída en desgracia de gran parte de la familia.
A nivel político, mientras Ruiz-Mateos acumulaba patrimonio, el PSOE ganaba poder y urdía una trama en Andalucía que acabaría con dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como varios ex altos cargos autonómicos, condenados en el mayor caso de corrupción de la España contemporánea. El clan de los Ruiz-Mateos y el PSOE andaluz tienen conexión en este caso.
El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha resuelto continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera (PSOE) y otras 20 personas investigadas en una pieza separada del caso ERE, centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas por más de 35 millones de euros concedidas por la Junta a empresas del Grupo Ruiz-Mateos bautizadas como Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos S.L., Hotel Cervantes -Europa Center- y Comercial Alimentaria Dhul S.L.
En un auto notificado este jueves a las partes, el magistrado aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falseded documental.
De este modo, el juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, como presuntos responsables penales, contra un total de 21 investigados, entre ellos Daniel Alberto Rivera; Álvaro, Francisco Javier y Pablo Ruiz-Mateos, hijos del conocido empresario; cinco intrusos y tres responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter, que son el administrador único de la mediadora de seguros Uniter, José González Mata, y los exdirectivos de Vitalia Jesús María Bordallo y Antonio Albarracín.
Presencia de intrusos
Las ayudas, según el juez instructor, habrían sido destinadas al pago de compromisos financieros y laborales de la empresa, tales como indemnizaciones por despido derivadas de cuatro ERE concertados y autorizados por la autoridad laboral mediante la financiación de un seguro de rentas, incluyendo también en dicho aseguramiento a algunas personas sin relación laboral con las empresas, es decir los intrusos.
Y ello es así «con independencia de que Rivera pudiera no haber tenido connivencia alguna con el resto de investigados, pues dicha circunstancia no constituiría una causa excluyente de la antijuricidad de su conducta en relación a los hechos delictivos objeto del presente procedimiento».
Para el juez, «tampoco es óbice para acordar la continuación de las presentes actuaciones el hecho de que iniciara –años más tarde de disponer ilícitamente de los fondos públicos puestos a su cargo– un procedimiento dirigido a detectar y declarar la inclusión indebida de beneficiarios irregulares en las pólizas».
El magistrado agrega que, en todo caso, «dicha actuación revisora y de comprobación realizada por el investigado respecto de la inclusión de los 'intrusos' no puede ser valorada como una circunstancia eximente o como una excusa absolutoria de los ilícitos penales en los que habría tenido participación –autoría– en 2010».
Aquella actuación, «una vez iniciada la investigación penal de los hechos en el marco de la causa matriz, no es constitutiva de supuesto alguno de exclusión o de exención de responsabilidad, pudiendo dar lugar, a lo sumo, a la apreciación de una atenuante de reparación del daño», según el juez José Ignacio Vilaplana.
Tiempo atrás, la abogada defensora de Rivera lamentaba en el juicio por otra pieza separada de los ERE que, tras su exclusión de la pieza principal del «procedimiento específico», Daniel Alberto Rivera afronte su inculpación en unas 50 piezas separadas correspondientes a las ayudas en cuestión financiadas con cargo a dicho mecanismo de financiación, con peticiones de pena de una media de seis años de cárcel, lo que suma a unas solicitudes de condena que llegan a unos 300 años de prisión.
