Los cinco principios en los que la Junta de Andalucía basará su recurso contra la ley de amnistía

El Gobierno de Juanma Moreno aprobó ayer martes iniciar los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que considera «veneno» para la igualdad entre españoles, la separación de poderes o la seguridad jurídica, entre otros principios constitucionales.

Se trata de una iniciativa que presentarán ante el Tribunal Constitucional todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, cada una de manera independiente, así como Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE. Deberán hacerlo en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Andalucía basará su recurso en cinco principios constitucionales que vulneraría la ley de amnistía, aprobada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados, y que ahora deben ser desarrollados por el Gabinete Jurídico de la Junta, que también acreditará la vulneración de preceptos autonómicos en el documento que elevará al Tribunal Constitucional.

En primer lugar, el Gobierno andaluz considera que la ley de amnistía «vulnera el principio de separación de poderes al existir una clara intromisión del Legislativo, que no se limita a desconocer las atribuciones de jueces y magistrados para hacer ejecutar lo juzgado, sino que alcanza a procedimientos judiciales vivos o incluso pendientes de incoación».

En segundo término, «vulnera el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley al establecer arbitrariamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal unos españoles deberán responder mientras otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable».

El tercer argumento se basa en que la ley de amnistía también «vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica, al definir un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad, al abrir un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos las leyes no se aplican».

En cuarto lugar, el Gobierno andaluz considera que la norma «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes hayan sido víctimas de los delitos a los que se aplica la amnistía. Entre los perjudicados se encuentran los poderes públicos cuando el delito amnistiado es el de malversación de caudales públicos o quienes hayan sufrido daños en sus personas o en sus patrimonios, como los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad».

Por último, la ley de amnistía «vulnera la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos al resultar arbitraria e injusta en la medida en que los actos previos, simultáneos y posteriores a su aprobación tienen como única finalidad la de servir a los intereses políticos de los grupos que la han apoyado».

Así, el Gobierno andaluz denuncia la existencia de un acuerdo para «humillar al Estado y doblegar la Constitución, menospreciando también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los jueces que juzgaron y condenaron a quienes actuaron contra nuestra Carta Magna».