Andalucía avanza en la recuperación del botín de los ERE: 27 millones ingresados y otros 135 reclamados

Recuperar el botín de los ERE, esos 679.412.179 euros que se defraudaron en la Junta de Andalucía por el reparto irregular y arbitrario de ayudas sociolaborales a empresas bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no es tarea fácil. De hecho, más de una década después de que estallase el caso ERE, apenas se ha recuperado un 4 % de todo lo defraudado.

En febrero de 2011, después de que el PP denunciara el hallazgo de los primeros intrusos en los ERE de empresas donde no habían trabajado nunca, la Junta de Andalucía, entonces presidida por Griñán, inició un proceso de revisión de oficio sobre las ayudas otorgadas con cargo al programa presupuestario 31L que las declaró nulas y encauzó los trámites para que los beneficiarios reintegraran el dinero defraudado.

Además de las revisiones de oficio de las ayudas a las empresas, el Gobierno andaluz sigue otras dos vías para recuperar el botín de los ERE: la jurisdicción contable, a través del Tribunal de Cuentas, y la vía penal, como acusación particular, reclamando el reintegro de las cantidades defraudadas en cada una de las piezas separadas en la Audiencia de Sevilla.

Avances en la recuperación del botín

La Justicia y el Tribunal de Cuentas ya han reconocido en sentencia firme la devolución de 62 millones de euros a las arcas de la Junta de Andalucía, que ha reclamado, como administración directamente perjudicada por el gran saqueo de los ERE, otros 135 millones en los distintos procedimientos abiertos en la Audiencia de Sevilla. No obstante, solo se han recuperado algo más de 27 millones.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que destacaba estos datos en el debate sobre el estado de la comunidad que tuvo lugar ayer miércoles en el Parlamento autonómico, ha prometido al respecto que «el dinero sustraído a todos los andaluces volverá a ser de todos los andaluces».

Moreno concluyó, además, que «no podemos olvidar lo que supuso el mayor caso de corrupción de la historia, que fue el caso de los ERE», ya que «significó para Andalucía una pérdida de prestigio y de oportunidades por la sustracción de fondos públicos». Unas palabras que se producían en un contexto marcado por el borrado de la causa que prepara el Tribunal Constitucional tras anular parcialmente la condena por prevaricación de la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez.

Sobre ello también se pronunció durante el debate el portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, quien señalaba que «jamás el Tribunal Constitucional, órgano cuyos componentes son de designación política, había revocado una condena por un caso de corrupción reinterpretando los tipos penales y dando la vuelta a una condena de la justicia ordinaria, que no es de designación política».

Para Martín, «la sentencia del Constitucional sobre los ERE derrumba los propios fundamentos del Estado de Derecho» y «ocasiona un daño institucional difícilmente reparable».