La patera fue interceptada por la Guardia Civil cuando se encontraba a casi 13 kilómetros del faro de Cabo de GataEuropa Press

Almería

Diez años de cárcel por pilotar una patera hasta Almería con 14 inmigrantes a bordo y 6.000 pastillas

La embarcación fue interceptada por la Guardia Civil cuando se encontraba a casi 13 kilómetros del faro de Cabo de Gata

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a diez años de prisión a un hombre acusado de pilotar desde el norte de África hasta las costas de Almería, una patera que que llevaba a bordo 14 inmigrantes y 6.000 pastillas de MDMA (éxtasis), que iban a ser destinadas a su venta en el mercado ilícito.

Estos hechos fueron reconocidos expresamente en la sentencia por el acusado de origen argelino, quien admitió que él mismo se encontraba en situación irregular en España, cuando el 19 de de diciembre de 2022 decidió «colaborar en la promoción de forma directa» de un viaje en patera desde el norte de África hasta aguas de Almería con «la intención de enriquecerse».

Este varón que carecía de pericia y capacitación técnica o práctica suficiente para navegar en alta mar, consiguió patronear la embarcación de nueve metros de eslora durante todo el trayecto.

La patera fue interceptada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil alrededor de las 5:10 horas del día siguiente , a unas siete millas náuticas del faro de Cabo de Gata. Los agentes hicieron señales acústicas y luminosas para que el patrón de la patera detuviera la marcha, pero el acusado «trató de huir» del lugar, lo que dio lugar a una persecución que duró «varios minutos», en la que el acusado «aumentó la velocidad, realizó maniobras evasivas y giros» con el objetivo de escapar de la Benemérita. Finalmente, el procesado detuvo la embarcación y trató de esconderse entre los ocupantes de la misma y las garrafas de gasolina que portaban.

Durante la inspección de la patera fueron encontradas en un cajón un paquete con 6.000 comprimidos de MDMA, valoradas en unos 82.872 euros, que el acusado iba a destinar a la venta una vez que se encontrase en territorio español, según recoge la sentencia fechada el pasado 23 de mayo.

El acusado ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al pago de una multa de 270 euros por un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad, y a seis años de cárcel y multa de 200.000 euros por un delito contra la salud pública