El PSOE andaluz activa la «máquina del fango» contra Juanma Moreno para tapar el escándalo de la Faffe

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las contrataciones de personal en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocida por su acrónimo, Faffe, ha devuelto la corrupción al primer plano del debate político en Andalucía. El PSOE andaluz no sale bien parado en este asunto y ha decidido contraatacar y activar –en el argot socialista– la «máquina del fango» contra Juanma Moreno.

El día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores alrededor del caso Faffe, y tras una información publicada por Eldiario.es, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, cuya mujer estuvo contratada en el Fondo (así denominaban sus empleados al ente), anunció que su partido denunciará en los tribunales el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en supuesto «fraude de ley» durante el año 2021.

Lo cierto es que no es la primera vez que desde el PSOE andaluz amenazan con ir a los tribunales por los contratos sanitarios. De hecho, llevan desde el año pasado amagando recurrentemente con hacerlo, pero todavía no han presentado denuncia alguna en los juzgados. Desde la Junta de Andalucía han negado que el SAS haya adjudicado 458 millones de euros «en fraude de ley» y han asegurado que «ningún informe de auditoría dice eso».

El Gobierno de Juanma Moreno ha acusado incluso al PSOE andaluz de filtrar a Eldiario.es los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que el propio Ejecutivo autonómico «facilitó» a los socialistas, «en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía», y utilizarlos «de forma tergiversada».

Según el Gobierno andaluz, los 458 millones se corresponden con la suma de todos los contratos menores en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021. En esas cuatro provincias se hicieron 295.914 contratos menores, de los cuales en los informes referidos apenas se analizan 573, el 0,19 % del total.

Dichos contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis y marcapasos, entre otros materiales, que «han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto», según fuentes del Ejecutivo autonómico, que recuerdan además que el contrato menor es una «figura legal válida» para contratar y que «en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos».

En este sentido, el Gobierno de Juanma Moreno lamentó que «el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos» y emplazó a Juan Espadas a que «reflexione y le dé al botón de stop de la máquina del fango, con el que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía».

«Robo» de 758 millones

Sin embargo, la portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, acusó este miércoles al Gobierno de Moreno de haber «robado» hasta 758 millones de euros a la sanidad pública, entre los contratos menores (458 millones) y los de emergencia (300), para «dárselo a sus amigos» de la sanidad privada.

Se trata, según Férriz, de un «escándalo tan grande» que al PP andaluz no le sirve arrojar «porquería» sobre la Faffe para «tapar» este asunto de «corrupción sanitaria» en el que «el 'y tú más' no vale». Así, la vocera socialista anunció que su grupo solicitará toda la información sobre contratos menores «consejería a consejería y año a año de gobierno del PP».

Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, afirmó que no procede comparar una «discrepancia administrativa», en referencia a los contratos del SAS, con un caso de 680 millones de euros como el de los ERE o con utilizar dinero público para contratar a la mujer del secretario general del PSOE de Andalucía, en clara alusión a Carmen Ibanco, esposa de Espadas e investigada en el caso Faffe.

Así las cosas, Repullo rechazó la posibilidad de que se cree una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los contratos de emergencia del SAS. Los populares barajan, en cambio, reactivar la comisión de investigación de la Faffe, dado el contenido de los últimos informes de la UCO sobre el funcionamiento de la fundación.