El exdirector de la Faffe Fernando Villén, a su llegada al juicio por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias
Corrupción
Crónica de un macroenchufe: doscientas personas vinculadas al PSOE, UGT y CCOO fueron colocadas en la Faffe
Además, diversos organismos afines como la Federación de Mujeres Progresistas se beneficiaron de adjudicaciones por valor de 60.000 euros
Son las siglas que estos días vuelven a llenar de vergüenza y estupor a muchos andaluces y sacuden la investigación que se está llevando a cabo en un juzgado de Sevilla. La Faffe, acrónimo de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un organismo creado en 2003 cuando la Junta la gobernaba el socialista Manuel Chaves.
Ideada como una entidad que daría formación a los desempleados de Andalucía, acabó creciendo hasta convertirse en una mayestática estructura de hasta 1.200 empleados, los cuales, tras la disolución de la Faffe se acabaron integrando en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
En la práctica, los atestados policiales sentencian que funcionó como una agencia de colocación a dedo, tanto a personas vinculadas familiar o ideológicamente con el PSOE o los sindicatos mayoritarios, como empresas afines a la causa.
El caso Faffe estalló por el despilfarro de las tarjetas opacas de sus dirigentes en viajes, hoteles y clubes de alternes, cuyo gasto alcanzó los tres millones de euros. Pero otra pata de la macrocausa que ahora se investiga descansa sobre su papel de agencia de colocación. Así, unas 200 personas, vinculadas al PSOE o a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras estuvieron a nómina del organismo. Mientras, empresas y asociaciones afines a la causa, recibían también su parte del pastel mediante contrataciones.
Mujeres progresistas
Junto al enchufismo, los dirigentes de Faffe desarrollaron otra habilidad, la de beneficiar a entidades y empresas, saltándose los procedimientos de legalidad, igualdad y oportunidad.
La UCO de la Guardia Civil así lo recoge en un informe que ya descansa entre los expedientes del Juzgado número 6 de la ciudad hispalense. Según recoge El Mundo, primero se decidían quienes serían los beneficiarios, después, se cocinaba el expediente que revestía de aparente legalidad la decisión y por último, se borraban las pruebas.
Entre las entidades beneficiarias, de acuerdo con esta fuente, se han detectado varios correos que cercan a la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, muy cercana al PSOE en esta comunidad, y que se benefició de adjudicaciones de unos 60.000 euros entre 2009 y 2011.
Eliminación de pruebas
Para evitar cualquier rastro de los tejemanejes que allí dentro sucedían, los responsables de Faffe llevaron a cabo cualquier tipo de eliminación de pruebas. Tanto es así que la UCO sospecha que hubo un «borrado masivo» de correos antes de la intervención de la Guardia Civil.
ABC asegura que esta unidad ha advertido al juzgado de que las cuentas de once responsables ya figuraban como vacías antes de la entrega del disco duro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), señal inequívoca de que alguien procuró eliminar cualquier prueba que le incriminara. Como, por ejemplo, la del exdirector general de la fundación, Fernando Villén, ya condenado por pagar con dinero público servicios en clubes de alterne.
Un modus operandi que dificulta la tarea de los investigadores y enmaraña el hilo de las contrataciones irregulares de personal y empresas mientras la entidad era regada con 300 millones de fondos públicos.
Sin embargo, los agentes han podido recabar otras pruebas de que allí se contrataba personal solo por el hecho de mantener vínculos de amistad, parentesco o afinidad con dirigentes socialistas.
Pese a la eliminación de correos, la UCO está convencida que en Faffe no se respetaron los procedimientos de transparencia e igualdad de oportunidades durante muchos años.
El PP habla de escándalo
«Hoy, nos volvemos a avergonzar al leer los titulares que el PSOE-A sigue generando», aunque «vemos lo que, por otro parte, ya sabíamos, que el PSOE de Andalucía utilizó el dinero público de todos los andaluces en contrataciones a hijos, primos, amigos y esposas de dirigentes socialistas», ha añadido en rueda de prensa.
En este sentido, ha señalado que la situación «afecta directamente al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, al estar imputada su esposa en el escándalo del caso Faffe». «Una imputación que no hace el PP, ni ningún medio de comunicación, que la hace un juez en un procedimiento judicial en Andalucía», ha añadido.
«Es parte de su naturaleza. Podrán negarlo, podrán darse golpes en el pecho en ruedas de prensa si quieren, pero ahí están los hechos, el PSOE de Andalucía saqueó nuestra tierra para beneficiarse a sí mismo», ha incidido.
