El exalcalde de Lebrija enchufado en la Faffe se fue de viaje a Perú pagado con fondos públicos

El exalcalde de Lebrija Antonio Torres, juzgado estos días como parte de la macrocausa que investiga lo que sucedía en la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), se fue de viaje a Perú «invitado» a un foro de conferencias con cargo a los fondos públicos.

Durante el juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra los dirigentes de la Faffe, un ex responsable de este organismo, Juan Carlos Díaz Matías, que ha acudido como testigo en su condición de exdirector de Estructuras Permanentes, ha asegurado que durante años él jamás vio físicamente a Torres, lo que confirma que el ex regidor socialista cobraba sin ni siquiera ir a trabajar.

Díaz ha reconocido que Torres jamás acudió a los comités de dirección que se convocaban todos los lunes y a los que él mismo solía asistir, junto a una decena de mandos que había en el organigrama de esta fundación pública.

Conferencia en Perú

El exalcalde de Lebrija, que tampoco contaba con despacho en la sede del organismo, incluso se marchó a un viaje a Perú para participar en unas conferencias. Díaz ha detallado que en todo ese tiempo tan solo tuvo un par de contactos con él y uno de ellos fue precisamente para preparar ese viaje, ya que su «perfil» de «persona experta en políticas públicas» se ajustaba a lo que demandaban.

Sin embargo, el testigo ha sido incapaz de aclarar «en calidad de qué» acudió Torres a Perú y su vinculación con Faffe, respondiendo que ignoraba sus «competencias concretas»y que supuso que tan solo unía a ambas partes algún tipo de colaboración.

Pablo Ollero, el abogado de Torres, ha criticado que el caso que afecta a su cliente reposa sobre todo en los atestados policiales y no en resoluciones judiciales. «Eso es un obstáculo insalvable para las defensas», protestó. Según esta parte, tanto Torres como el resto de interinos que acabaron obteniendo una plaza en la Administración a través de la Faffe «pasaron a ser empleados públicos por ley».

«Los hechos no sólo no son sospechosos, son completamente legales», apostilló el letrado, que además cuestionó cuál es «la curiosa circunstancia del proceso selectivo» que se ha seguido para determinar que su cliente debía ser investigado y enjuiciado cuando la Faffe llegó a firmar «19.000 contratos temporales».

Medio millón por no trabajar

Torres García se pudo embolsar hasta casi medio millón de euros sin ni siquiera tener que ir a trabajar en todos los años en los que supuestamente pertenecía a la Faffe, ya que su vinculación se extendió entre los años 2004 y 2020.

El ex edil socialista, una vez perdió la alcaldía de Lebrija en las municipales de 2003, solicitó a Fernando Villén, que también se sienta en el banquillo acusado de enchufar al exalcalde y proporcionarle un sueldo público, «su colocación en la Faffe», a lo que el entonces director general técnico accedió «promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad» y a pesar de que Torres «carecía de la formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional».