La Fiscalía neutralizó el «riesgo de fuga» y de «destrucción de pruebas» declarados por la Audiencia para Aldama

Un auto dictado por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, el pasado 15 de noviembre, confirmaba la prisión provisional dictada por el juez Santiago Pedraz para el empresario Víctor de Aldama, en el marco del presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos por el que está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción Central número 5.

La Sala de apelaciones, integrada por los magistrados Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Jesús Gutiérrez, confirmaba en su resolución el elevado «riesgo de fuga» que pesaba sobre el principal comisionista de la trama que salpica de corrupción al Gobierno de Pedro Sánchez.

Entendemos necesaria la modificación de la medida [de prisión provisional] para evitar cualquier riesgo de presión derivado de la declaración prestada [por De Aldama]

Los tres jueces dejaban claro que al hecho de «tratar de evitar el investigado el cumplimiento en el futuro de una larga pena de prisión», se añadía «la posibilidad real de que tratara de hacer desaparecer los rastros de las operaciones defraudatorias realizadas» para evitar, con ello, «la incautación de las ganancias obtenidas con ellas, mediante las que, además, podría disponer de mayores recursos en el extranjero para ocultarse».

Apenas una semana después de tan rotundas conclusiones, tras la declaración voluntaria de Aldama, solicitada por su abogado el día 18 de este mismo mes ante el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, la Fiscalía instaba su inmediata puesta en libertad. Una medida acordada por el juez Santiago Pedraz, en tiempo récord, pero para el caso de los hidrocarburos. El Ministerio Público presentaba, en esta ocasión, el afán «cooperador» del imputado con la Justicia, como garantía.

Tal es así que el fiscal Luis Pastor, encargado de ambos procedimientos contra Aldama –ampliamente criticado por su excesiva lentitud en los plazos de trámite e impulso procesal de la causa de las mascarillas, desde que se conociese la presunta existencia de la «organización criminal», y por la superficialidad con la que abordó el interrogatorio del pasado jueves– tardaba apenas seis horas en pedir, formalmente, la excarcelación del empresario.

«El señor De Aldama ha mostrado su voluntad de iniciar una línea de colaboración en todas las causas en las que se encuentra investigado, a fin de facilitar el esclarecimiento de todos los hechos por los que se le investiga», recoge el auto del juez Pedraz. «Efectivamente,», el imputado, «ha comparecido en el día de hoy» facilitando «datos relevantes tanto para el esclarecimiento de los hechos investigados» en todas las causas que se siguen contra él y, también, en la abierta en el Supremo contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, remarcaba el fiscal Pastor.

«Parece evidente que los riesgos y motivos que llevaron a acordar la medida de prisión provisional respecto de Víctor Gonzalo de Aldama han quedado muy atenuados, es por ello que se considera procedente acceder a la petición planteada, debiendo acordarse su libertad provisional con prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales ante el juzgado», añadía la Fiscalía.

«Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos plenamente neutralizados los riesgos que justificaron la adopción de la medida cautelar impuesta, siendo pertinente su modificación, razón por la que solicitamos que se acuerde su libertad provisional», zanjaba el fiscal ante el juez Pedraz.