El PSOE andaluz cumple su amenaza y denuncia al Gobierno de Moreno por los contratos sanitarios de emergencia

El PSOE de Andalucía ha cumplido su amenaza y, un año y medio después de manifestar su intención, ha denunciado al Gobierno de Juanma Moreno en los tribunales por «presunta malversación y prevaricación» en la adjudicación de contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía el pasado 20 de junio, lo que supone la apertura de diligencias sobre los contratos de emergencia realizados por el SAS en el marco del procedimiento 110/21 desde 2021 hasta 2023, utilizando un procedimiento de emergencia «sin publicidad, ni control, ni concurrencia y basándose en una normativa derogada».

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha valorado la admisión a trámite de esta denuncia «por abuso en la contratación de emergencia por parte de la Consejería de Salud durante dos años desde la finalización de la pandemia mediante adjudicaciones a dedo, adjudicaciones sin concurso de recursos públicos a la sanidad privada». Los socialistas cifran este «abuso» en unos 300 millones de euros.

En declaraciones difundidas por el partido, Espadas ha destacado que los tribunales van a investigar si «la Consejería de Salud del Gobierno de Moreno Bonilla se ha saltado todas las normas de contratación pública y, en definitiva, ha derivado recursos públicos a la sanidad privada cuando lo que han crecido son las listas de espera y, sin duda, el deterioro de la propia sanidad pública».

El PSOE andaluz, que ha solicitado su personación como acusación particular –la parte directamente afectada– en el procedimiento, no ha dado a conocer antes la presentación de su denuncia, pese a ser formulada el pasado 20 de junio, por mera «estrategia procesal», a la espera del veredicto del juzgado.

Esta denuncia se refiere exclusivamente a los contratos de emergencia durante la pandemia y es previa al anuncio que realizó Juan Espadas este pasado martes –el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores alrededor del caso Faffe– sobre una denuncia sobre el fraccionamiento de contratos del SAS en supuesto «fraude de ley» durante el año 2021.

En el Parlamento de Andalucía, la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha negado «rotundamente» que se produjera un «fraude de ley» en los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia y ha defendido que «las actuaciones y contratos llevados a cabo por el Servicio Andaluz de Salud han cumplido con la legalidad en todo momento».