Madeira Invest Club pone en jaque a 54 empleados de hostelería de Granada, víctimas de una presunta estafa piramidal

una de las novedades en estas últimas elecciones europeas fue la irrupción de Luis Pérez, apodado como Alvise, al frente de una agrupación de electores con el provocativo nombre de Se acabó La Fiesta. Su figura ha acaparado los titulares de los medios de comunicación estas últimas semanas, desde que el pasado 20 de septiembre la plataforma granadina 'Aránguez Abogados' interpusiera la primera denuncia contra Álvaro Romillo, el dueño de Madeira Invest Club (MIC), que habría financiado ilegalmente la campaña del eurodiputado con 100.000 euros y que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria.

Cuando Alvise reconoció que había recibido esa cantidad de dinero, el responsable del bufete que interpuso la primera demanda, Carlos Aránguez, ha asegurado a El Debate que lo denunció a él también por ser «cómplice o partícipe a título lucrativo».

La trama ha afectado a varios negocios de Granada que han sido víctimas de la presunta estafa piramidal organizada por la oficina de inversión, que financió la campaña del líder político y que se estima que estafó alrededor de 600 millones de euros. En todo el procedimiento judicial aparecen afectadas, por ahora, 53 empresas y más de 230 trabajadores de toda España. En Granada, en concreto, está en grave peligro el puesto de al menos 54 empleados de hostelería, vinculados a cuatro restaurantes y un establecimiento hotelero de la capital. Se trata de los establecimientos La Casual, Negro Carbón, La Revolera, La Castellana y el Hotel Colón.

Uno de ellos, el restaurante La Castellana, situado en plena calle Ganivet, se encuentra en estos momentos cerrado. Sus trabajadores han colocado en la puerta un cartel en el que puede leerse: «Lamentamos no poder atenderle por falta de stock. Disculpen las molestias».

El abogado Carlos Aránguez, ha asegurado que «nuestro interés no son los estafados sino los afectados». Como la mayoría de estos establecimientos en Granada son «una explotación de determinados negocios», Aránguez ha pedido la designación de un administrador judicial, con el fin de que «los beneficios que generen estos negocios no pasen al grupo de empresas, sino que se acumulen en una cuenta judicial para indemnizar a los trabajadores», algo en lo que «Álvaro Romillo está cooperando».

Plataforma de afectados

Además, Aránguez Abogados ha creado la primera Plataforma de Afectados de Madeira Invest Club, con el objetivo de recuperar el capital y defender los intereses de todas aquellas personas que invirtieron en esta empresa y que ahora se encuentran ante una situación de incertidumbre.

La plataforma especifica en su página web que, los que se animen a unirse a este soporte de denuncia colectiva para recuperar su inversión recibirán: asesoría legal especializada, una información de la trama actualizada, plena facilidad de contratación y unir sus fuerzas con las de otros afectados para aumentar las posibilidades de éxito y recuperar lo que han invertido. El abogado granadino ha asegurado a El Debate que lo único que solicita es que «si Alvise ha reconocido que recibió 100.000 euros que se lo devuelva a las víctimas».