Archivan una denuncia por las «prolongadas» listas de espera en la sanidad andaluza

La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia promovida ante dicha instancia provincial por Marea Blanca con motivo de las «prolongadas esperas sanitarias» que «ponen en peligro las vidas» de los ciudadanos. La plataforma ha formalizado denuncias similares en el resto de las provincias andaluzas.

Para esta denuncia, Marea Blanca exponía que «los tiempos de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sobre todo los que afectan a consultas y pruebas diagnósticas, pueden tener consecuencias graves, irreversibles, e incluso fatales cuando retrasan el tratamiento de patologías graves».

Para Marea Blanca, «esta situación vulnera los derechos fundamentales de las personas a la protección de la salud y la atención sanitaria adecuada y oportuna». La plataforma considera que «los recortes en presupuestos, la reducción de plantillas y las medidas restrictivas impuestas en los últimos años han deteriorado gravemente la atención sanitaria en Andalucía».

Según la entidad denunciante, «el tiempo medio para obtener un diagnóstico completo puede oscilar entre diez y 16 meses, lo que claramente excede cualquier estándar razonable de atención sanitaria efectiva»; mientras que en casos de patologías graves, como el cáncer, «los tiempos de espera significan con frecuencia la diferencia entre la vida y la muerte».

Al respecto, la organización consideraba que «la legalidad de estas circunstancias debería ser objeto de una revisión competente, teniendo en cuenta que esta misma causa en concreto ha sido constitutiva de delito en casos individuales según recientes sentencias judiciales».

Sin embargo, la Fiscalía, a la hora de archivar la denuncia, expone que los citados casos judiciales esgrimidos por Marea Blanca, dos en la provincia de Sevilla, tan solo derivan en «supuestos de responsabilidad patrimonial» por parte de la Administración sanitaria. Además, avisa de que la denuncia de la entidad «no identifica» en qué delito habría incurrido la misma.

Así las cosas, el Ministerio Público no aprecia delito alguno, recordando el mecanismo existente para contratar las correspondientes intervenciones médicas en el plano ajeno a lo público una vez superados los plazos máximos legales de espera, para después repercutir los gastos a la Administración sanitaria.