Piden penas de hasta dos años de cárcel por acosar a una transexual para que abandonara el pueblo

Dos vecinos se enfrentan a penas de prisión que podrían alcanzar hasta los dos años por haber vejado y amedrentado, presuntamente, a una vecina transexual a la que habrían acosado de modo insistente con el objetivo de que abandonara el pueblo en el que reside.

En el juicio, que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, se juzgan una serie de hechos ocurridos a comienzos del año 2022.

Según el relato de la Fiscalía, la presunta víctima, que se encontraba inmersa en un proceso de transición para el cambio de sexo, fue contactada por los dos acusados mediante la aplicación de WhatsApp, dado que ella se anunciaba en varias páginas web como masajista. Utilizando la farsa artimaña de que deseaban contratar sus servicios para recibir un masaje, los acusados lograron fotografías de la denunciante y la geolocalización de su domicilio.

A partir de ese momento, comenzaron a enviarle mensajes ofensivos y de tono conminatorio en que le instaban a marcharse del pueblo en un plazo máximo de dos días, amenazándola con que conocían su dirección y podían ir a su domicilio para obligarla a cumplir con sus deseos. Al tiempo, hicieron uso de las fotografías personales, obtenidas mediante engaño, que fueron distribuidas por redes sociales con ánimo injurioso.

Mensajes gravemente ofensivos

En los mensajes de wasap recibidos por la víctima se emplean expresiones gravemente ofensivas como «das asco», «sobras en este mundo», «puto trasveti, tienes dos días para irte», «yo vivo por al lado y me das asco» o justificaciones del tipo «hay niños viviendo en este pueblo» y «gente respetable».

Según el relato del ministerio fiscal, al día siguiente de enviar los mensajes insultantes y amenazantes, uno de los acusados llegó a personarse en el domicilio de la denunciante, asomándose por la ventana exterior de la vivienda para mostrarle las conversaciones de wasap y las fotografías en la pantalla de su móvil. Para el ministerio público, esta actitud agrava los hechos denunciados, dado que trataba de intimidar aún más si cabe a la presunta víctima, mostrándole que sus acosadores «iban en serio».

En primera instancia, el fiscal considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos constitucionales de la denunciante, entendiendo que se trataría de un ataque a la dignidad personal por motivos de género e identidad sexual. En este caso, los acusados se enfrentarían a penas de un año y tres meses de prisión para el primero de ellos y de nueve meses de prisión para el segundo. También tendrían que hacer frente a sendas multas por valor de 1.620 euros.

De modo alternativo, si el juez considera que los hechos denunciados constituyen un delito contra la integridad moral de la víctima, las penas se elevarían significativamente, llegando a alcanzar los dos años de cárcel para el primero de los acusados y un año y tres meses para el segundo de ellos.