Prisión para ex cinco altos cargos de UGT Andalucía por el fraude de 40 millones de euros en subvenciones

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 50 millones de euros al ex secretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Además, otros cuatro ex altos cargos del sindicato también han sido condenados por financiación fraudulenta.

El tribunal considera probado que la antigua cúpula de UGT Andalucía «de forma consciente y fraudulenta» a su sindicato con subvenciones para cursos de formación a desempleados y trabajadores con una cantidad que ascendió a 40,6 millones de euros.

El fraude se produjo «de forma consciente y fraudulenta» respecto a los fondos recibidos de la Junta de Andalucía por un importe total de 40.620.256,43 euros para la realización de cursos de formación para personas desempleadas y ocupadas a «fines distintos» de los que «debieron destinarse. Es decir, que UGT-A los utilizó para financiar actividades propias del sindicato, ajenas al fin social para el que las recibieron».

En la sentencia notificada hoy miércoles a las partes personadas en este procedimiento, que no es firme y que se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, el tribunal, que aplica en dichos delitos la atenuante de dilaciones indebidas, impone además al ex secretario general la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años y seis meses.

Indemnización a la Junta

Además, la Sección Tercera de la Audiencia impone estas mismas condenas como autores de dichos delitos a otros tres excargos del sindicato: el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín, y el entonces consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S. L., Enrique Goicoechea. También condena a la que fuera responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, aunque en este caso como cómplice de los delitos referidos y le impone seis meses y dos días de cárcel, multa de 25 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y medio.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal condena a los cinco antiguos cargos del sindicato a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 40.620.256,43 euros –los cuatro condenados como autores de los delitos deberán hacer frente al 99 % de esta cantidad, y la condenada como cómplice al 1 % restante, y de manera subsidiaria con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707,74 euros–, que se corresponde con el montante total que se habría defraudado, declarando responsable civil subsidiaria a UGT-A por el importe total.

Financiación para gastos propios

La Sección Tercera de la Audiencia considera probado que el sindicato UGT-A «ha venido recibiendo subvenciones por parte de la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la realización de acciones formativas», todo ello en el marco del «desarrollo de políticas activas de empleo llevadas a la práctica a través de los agentes sociales (sindicatos, confederación de empresarios...)».

Según la sentencia, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, y «por decisión de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-A», se pusieron en marcha «una serie de procedimientos de los que se sirvieron de distintos proveedores del sindicato y entidades vinculadas a fin de obtener una vía de financiación para sufragar gastos de estructura propios del sindicato a costa de los fondos públicos concedidos con las subvenciones de las que resultó ser beneficiaria».

Los magistrados aseveran que, «en la consecución de estos ilícitos fines de financiación, conocidos como tales y aprobados por los citados responsables del sindicato, se establecieron distintas técnicas de las que se sirvieron y que fueron aceptadas por distintos proveedores para poder, éstos, mantener su relación comercial con el sindicato», como por ejemplo «la obtención de descuentos, comisiones y rappels de los proveedores que no figuraban en las facturas presentadas como justificación de gastos ante el órgano concedente de la subvención, con lo que, al ocultar su realidad, se conseguía imputar íntegramente su importe a la subvención sin tener en cuenta el descuento pactado, quedándose UGT-A con la diferencia entre el coste declarado y lo realmente soportado».

El tribunal, igualmente, alude a «la confección de facturas de proveedores y otros documentos contables conteniendo conceptos genéricos, bien por bienes no vendidos o servicios no realizados, bien por bienes o servicios a los que se les adjudicaba un valor superior al que realmente tenían, o por bienes o servicios propios del sindicato pero sin vinculación con la subvención a la que se imputaban».

Mecánica defraudatoria

La Audiencia considera que, «en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del acusado Federico F., «que fue quien se encargó personalmente de establecer las condiciones en la relación del sindicato con los proveedores que permitieran la distracción de los fondos públicos a su favor», una labor en la que «contaba con el apoyo directo» de otros ex cargos del sindicato, como Francisco Fernández Sevilla, María Charpín y Dolores Sánchez, «empleada de Soralpe y responsable del departamento de Compras que acataba las órdenes dadas por sus superiores jerárquicos conociendo la ilegalidad que conllevaban».

Tras precisar que «contaron con la colaboración de la entidad Soralpe», los magistrados destacan que Federico Fresneda «era el que se encargaba de la selección directa de los proveedores y fue el que, de forma personal, negoció las condiciones en que suministraran bienes o prestarían servicios al sindicato, forma de facturación y específicamente los descuentos que serían de aplicación mediante pacto escrito o verbal, pero siempre bajo la exigencia de que no se dejara reflejo de los mismos en las facturas emitidas por adquisición de bienes o prestación de servicios».

De esta manera, «en la cuenta justificativa que había que presentar ante la Administración que concedía la subvención, se adjuntaba solamente la factura que no incluía el descuento realizado, descuento que era ocultado, adquiriendo un importante importe económico del que Federico F. informaba a la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-A, que se reunía semanalmente, los martes».