La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en rueda de prensa (archivo)
Andalucía
El Gobierno andaluz justifica los ceses en la Intervención de la Junta: «Había necesidad de renovar equipos»
El PSOE-A y Por Andalucía vinculan las salidas de los altos funcionarios a sus advertencias respecto a los contratos de emergencia del SAS
La reciente destitución de la que fuera interventora general de la Junta de Andalucía, María Antonia González Pavón, ha traído consigo una sucesión de ceses en el órgano de control interno de la Administración autonómica. Se trata, según el Gobierno de Juanma Moreno, de una «reestructuración organizativa y una renovación de equipos», pero la izquierda ha vinculado estos movimientos con las advertencias de los altos funcionarios destituidos respecto a los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
«En la Intervención del SAS no se ha producido ningún cambio. Continúan trabajando los mismos interventores. Tanto la interventora central del SAS como la interventora actuante que emitió los informes de los contratos de emergencia del SAS siguen ocupando sus cargos», según fuentes de la Consejería de Hacienda, que añaden que «los interventores cesados de sus puestos organizativos seguirán trabajando en la Intervención».
Desde la Consejería aseguran también que estos movimientos son «parte del proceso normal de reorganización de equipos. En ningún caso se han producido por motivos disciplinarios. Todos los cambios obedecen a una reestructuración organizativa de la Intervención y a la necesidad de renovar equipos».
Además, esgrimen que en etapas anteriores se produjeron numerosos cambios en la Intervención General de la Junta de Andalucía. «Entre 2015 y 2024 se produjeron 473 cambios, entre 70 y 80 de media cada año, solo en los puestos organizativos de máximo nivel, niveles 28 y 30, dentro de la Intervención», señalan.
Críticas de la izquierda
No obstante, la oposición de izquierdas cree que esta sucesión de ceses está relacionada con los informes de la Intervención General sobre la contratación de emergencia del SAS durante la pandemia. El órgano de control interno, con González Pavón al frente, advirtió a la Consejería de Salud de que se había «prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido» en siete de cada diez contratos realizados por tramitación de urgencia desde las centrales provinciales en el año 2021.
La portavoz del PSOE andaluz, María Márquez, se ha referido a estos ceses como una «cacería» del Gobierno de Juanma Moreno. «No tuvieron bastante con cortarle la cabeza a la interventora general, que fue la que denunció que se estaban dando contratos sanitarios a la privada sin control, a dedo, y que había irregularidades e ilegalidades», ha afirmado Márquez este lunes en rueda de prensa.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), ha denunciado que «el Gobierno de Juanma Moreno está purgando la Intervención General de la Junta de Andalucía y parece dispuesto a laminar a todo funcionario que emita informes críticos con su gestión. Es un mensaje a los altos funcionarios de la Junta: quien no esté dispuesto a afirmar que los burros vuelan durará poco en su cargo».
María Antonia González Pavón fue destituida como interventora general de la Junta de Andalucía en el primer Consejo de Gobierno del año, el pasado 8 de enero, tras poco más de dos años en el cargo, que desde entonces ocupa Miguel Ángel Figueroa Teva, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.
