Desalojan un poblado chabolista con cerca de 60 inmigrantes en Níjar

Cerca de 60 inmigrantes, entre ellos nueve menores de edad, han sido desalojados este martes del poblado chabolista del Cortijo el Uno, en la barriada de San Isidro de Níjar (Almería), conforme a la orden dictada por un juez al tratarse de una finca privada, sin que finalmente hayan recibido apoyo asistencial de las administraciones.

Conforme a la resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería, la comitiva judicial se ha personado sobre las 9:40 horas en el lugar para proceder al desalojo, junto con maquinaria custodiada por Guardia Civil y Policía Local de Níjar para derribar las chabolas.

En este sentido, las autoridades han eliminado los obstáculos que se habían instalado en el camino para impedir el acceso a la finca en la que quedaban más de una veintena de personas, entre ellas mujeres y menores, ya que la mayor parte de sus moradores se fueron durante la tarde y noche de este lunes.

Sin que se hayan producido altercados, más allá de algunas protestas por la pasividad de las administraciones y la patronal agrícola, las autoridades han procedido al lanzamiento de los ocupantes de las infraviviendas, quienes trataban de agrupar y almacenar sus pocos enseres mientras se orillaban entre sollozos en la zona que se niegan a abandonar.

La comitiva, que ha permanecido en la finca durante una hora, ha autorizado la destrucción de las infraviviendas para que no puedan volver a ser utilizadas, para lo que han accedido al terreno varias excavadoras desplazadas mediante camiones de gran tonelaje.

En el lugar se han congregado miembros del Servicio Jesuita a Migrantes, así como de la plataforma Derecho a Techo, que han denunciado el «abandono» de los desalojados por parte de las administraciones, cuando se tratan de personas que «no tienen a donde ir».

Desde el Ayuntamiento de Níjar, regido por José Francisco Garrido (PP), han confirmado a Europa Press que no se han adoptado medidas en materia social en este caso al tratarse de una finca privada y que únicamente se ha atendido el requerimiento de apoyo al desalojo realizado desde Guardia Civil, pese a las reclamaciones de distintas plataformas, entidades e instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz para dar atención social en el marco de sus competencias.