Uno de los detenidos por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz)Europa Press

Narcotráfico

Los guardias civiles de Barbate piden que se suspenda a sus mandos para que no interfieran en la investigación

AUGC pide suspender al general jefe de Zona en Andalucía y al coronel de Cádiz por la muerte de agentes en Barbate y se empeña en que declare el director general de la Guardia Civil como testigo

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) no quiere que la muerte de dos compañeros en Barbate, a mano de los narcotraficantes, quede impune. Así, dicha asociación de guardias civiles ha pedido la suspensión de funciones del general jefe de la Zona de Andalucía y del coronel Jefe de la Comandancia de Cádiz por el operativo dispuesto en la localidad gaditana el pasado 9 de febrero.

La AUGC ha señalado que tras las declaraciones de los supervivientes, realizadas en el juicio el pasado 28 de junio, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, considera que si ambos mandos continúan ejerciendo sus funciones se puede «comprometer de modo grave la fase de instrucción e investigación de cómo se dispuso la operación, la configuración de servicio y los medios que fueron utilizados».

Recordemos que los testimonios de los compañeros de los dos agentes asesinados, cuando fueron arrollados por una narcolancha, hicieron hincapié en las deficiencias que asolaron al dispositivo, así como la orden de «hacer algo» contra los narcos, que se refugiaban aquel día en el puerto gaditano, para agradar al ministro de Interior, Grande-Marlaska, pese a que los medios disponibles eran inferiores.

La AUGC añade que el «ordenamiento jurídico de la Guardia Civil» prevé la posibilidad de que se acuerde su suspensión de funciones, «lo que podría alejarles temporalmente del ejercicio del mando y por ello de toda posibilidad de influir en la investigación».

En su solicitud al juzgado, la asociación, que se ha presentado como acusación popular para depurar la responsabilidad del asesinato de los dos compañeros, entiende que a la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como al director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, se les debe comunicar «la situación procesal de ambos mandos» para que valoren su suspensión de funciones.

Piden que el director general declare

Sin embargo, los agentes apuntan hacia más arriba y por ello se ha solicitado también que sea citado en calidad de testigo Leonardo Marcos, el mismísimo director general de la Benemérita.

A juicio de la acusación, el director general «ha tenido conocimiento directo de datos y de aspectos sustanciales que afectan a la investigación que se está llevando».

Por ello, la AUGC ha señalado que considera que su declaración «resulta imprescindible y ha de acordarse con celeridad».

«Súper absurdo»

En su declaración, los supervivientes del atropello destaparon las posibles deficiencias del operativo dispuesto por el instituto armado el pasado 9 de febrero, cuando se produjeron los hechos, en el marco de la investigación en la cual han comparecido ante un juzgado.

​Algunos de ellos han asegurado que el dispositivo que planteó el coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, por la cual se tendría que haber desplegado una red en la bocana del puerto para impedir la huida de los narcos, fue visto por ellos como algo «súper absurdo».

Los agentes que pasaron el 28 de junio por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad gaditana han contado que se les dijo que «hicieran lo que pudieran» ya que esa misma mañana, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, había sacado pecho de los éxitos que se estaban produciendo en la lucha contra el narco.

Los tripulantes de la pequeña lancha con la que hicieron frente a los narcotraficantes que finalmente les arrollaron insistieron en varias conversaciones previas con sus altos mandos que corrían un grave riesgo, ya que intuían la posibilidad de acabar siendo pasados por encima a causa de las potentes embarcaciones de sus rivales, como así sucedió trágicamente.​