Playa de Barbate, en Cádiz
Andalucía contará con 32 nuevas unidades judiciales para neutralizar el colapso que causa el narcotráfico
El aumento de las causas judiciales provocadas por el narcotráfico, especialmente en Cádiz y en Huelva, y que ha tornado en insostenible la situación de algunos juzgados, será contrarrestado con la creación de nuevas unidades judiciales.
Así, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el visto bueno a la creación de 123 unidades judiciales durante este año, de las cuales 32 se instalarán en Andalucía. Lo ha hecho tras abordar el informe del Servicio de Inspección sobre la situación de los juzgados de Barbate, La Línea y Sanlúcar, en Cádiz; así como Ayamonte y Moguer, en Huelva, amén de las secciones penales de la Audiencia gaditana.
Dicho informe, fechado el pasado 8 de abril, señalaba que los juzgados de los partidos judiciales de Barbate, La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer sufrían una «situación deficitaria» en medios personales y materiales.
Por tanto, la comisión permanente del órgano de los jueces quiere afanarse en paliar la situación, derivada en su gran mayoría de las causas complejas del narcotráfico y la considerable carga de trabajo que soportan.
Inspección advirtió que la situación de la jurisdicción penal en la provincia de Cádiz era preocupante, en cuanto a los juzgados de primera instancia e instrucción, a la que hay que añadir la situación deficitaria de la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz con sede en Algeciras.
Los procedimientos seguidos contra los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, que provocan «importantes disfunciones y retrasos», genera un volumen de trabajo «inasumible» con las actuales plantillas y estructuras.
Reforzar los juzgados de Barbate
Por ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió reforzar los juzgados de Barbate tras el asesinato en esta localidad de dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha.
La medida fue solicitada tanto por los magistrados del Campo de Gibraltar como por diferentes asociaciones judiciales que venían alertando de los escasos recursos de los que disponía la Justicia para hacer frente al problema.
