Las operaciones de relleno de Gibraltar se centran desde hace años en la zona este, donde se levantan las torres Hassan
Los rellenos de Gibraltar: una historia de constante agravio contra España
El Tratado de Utrecht no es más que papel mojado para las autoridades gibraltareñas, que reivindican las aguas adyacentes al Peñón como propias para expandir su territorio
Gibraltar es, en términos geográficos, una península, un territorio cercado por el agua y únicamente conectado por un istmo que lo comunica, en concreto, con La Línea de la Concepción. Es decir, por definición, no puede expandirse físicamente. Al menos, de forma natural, ya que desde hace décadas no para de ganarle terreno al mar, una práctica que supone un constante agravio contra España, dueña de las aguas sobre las que se realizan esos rellenos.
Son muchos los rellenos que Gibraltar ha realizado a lo largo de los años para expandir su territorio, aunque el más importante comenzó a construirse en aguas de la bahía de Algeciras, en el flanco oeste del Peñón, en la década de 1980, hace ya más de 40 años. El proyecto cambió la imagen y la economía del Peñón, que también experimentó un gran crecimiento en esos años gracias a la reapertura de la Verja.
Las aguas que pueden llamarse de Gibraltar se circunscriben a su puerto, según el Tratado de Utrecht (1713), por el cual España cedió el Peñón al Reino Unido. Así lo recoge su artículo X: «El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno». No en vano las aguas adyacentes a Gibraltar son españolas.
Sin embargo, el Tratado de Utrecht no es más que papel mojado para Gibraltar. Las autoridades gibraltareñas reivindican esas aguas como propias. Entienden que les pertenecen tres millas náuticas como territorio ribereño, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece que «esta disposición no será aplicable cuando, por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma».
En el año 2005, el Gobierno de España, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pidió la paralización de los rellenos y elevó el caso a la Comisión Europea (CE), que en 2008 declaró el Estrecho Oriental como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la presencia de hábitats y especies de interés comunitario de la Directiva Hábitat. No obstante, un año más tarde afirmó que, «según la limitada información disponible» entonces, no le era «posible detectar ningún incumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria que pudiera atribuirse a este proyecto», en alusión a los rellenos.
Los bloques de hormigón
En noviembre de 2012, el Gobierno de España, ya entonces presidido por Mariano Rajoy (PP), declaró Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Estrecho Oriental para protegerlo de los rellenos. Sin embargo, pocos meses más tarde, en julio de 2013, un remolcador arrojó, por orden del Gobierno colonial, hasta 70 bloques de hormigón con pinchos de hierro en el caladero de pesca ubicado en la zona conocida como Campo de la Virgen, a escasa distancia del espigón exterior del puerto de La Línea.
El Gobierno colonial, con el laborista Fabián Picardo ya al frente (desde 2011), defendió esta actuación como parte de su «estrategia de protección marina», con el objetivo de crear arrecifes para «incrementar la biodiversidad» y dar «refugio a muchas especies marinas». Una patrullera de la Guardia Civil, alertada por un pescador, acudió al lugar de los hechos y evitó que el remolcador finalizara su trabajo, pero el daño ya estaba hecho.
Aun así, el Ejecutivo de Picardo se presentó como víctima y denunció la «intromisión» de las fuerzas del orden españolas en «sus aguas» al considerar este hecho «de la máxima gravedad». «El Gobierno de Gibraltar no tolerará ningún intento de interferir en su jurisdicción y control sobre cualquier parte de Gibraltar en tierra o mar», advirtió.
Tras ello, el Departamento de Aduana prohibió el paso de camiones con roca de escollera. Sin embargo, esta orden llegaba, como mínimo, cinco años tarde, ya que Gibraltar llevaba importando piedra y arena procedentes de canteras de las provincias de Cádiz y Málaga desde el año 2008. En ese lustro llegaban a cruzar la frontera hasta 35 camiones con áridos de media al día.
Nuevas operaciones de relleno
Las operaciones de relleno de Gibraltar se centran desde hace años en la zona este, donde se levantan las torres Hassan, un imponente conjunto de seis rascacielos con 665 viviendas, perfectamente visibles desde las playas de La Línea de la Concepción. El Gobierno colonial comenzó a repartir las llaves de los pisos de la primera fase del proyecto hace ahora un año, pero las obras aún continúan.
Sobre estos rellenos al este del Peñón se levantará una comunidad residencial de superlujo, llamada Cape Vantage –Cabo Privilegiado, en español–, que surgiría al abrigo de un espigón construido alrededor del año 2013 que, según un informe de la Guardia Civil, «se adentra en el mar unos 50 metros de longitud y paralelo a otro que cierra la delimitación de la playa de Sandy Bay».
Además, en 2021, el Gobierno de Picardo adjudicó a la empresa TNT Global Foundation la construcción de un megaproyecto urbanístico que contempla la construcción de un puerto deportivo, un hotel, 1.300 viviendas residenciales y 3.000 plazas de estacionamiento –incluido un aparcamiento público con capacidad para 500 vehículos–, todo ello sobre los rellenos que se realizan en la zona de La Caleta (Catalan Bay), lo que provoca incluso protestas por parte de los vecinos.
