El panadero de Coín ordenó al banco llamar 'maricón' a su empleado y ocultó horas extra de la plantilla

La Inspección de Trabajo de Málaga continúa su avance en lo relativo al caso del empresario de Coín, responsable de la panadería Semilla de Oro, que fue denunciado por uno de sus empleados acusándole de pagarle la nómina del mes de abril con el insulto «maricón» en su concepto.

Así, tal y como se ha asegurado desde el sindicato CGT, las indagaciones realizadas hasta la fecha han desvelado supuestas infracciones laborales cometidas por el empresario, como la falta de registro de jornada de la plantilla con sus correspondientes infracotizaciones en los salarios. Esto ha posibilitado la ocultación de horas extraordinarias no retribuidas a los trabajadores de dicha panadería, lo que deriva en un fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Otra de las novedades del caso fruto de la investigación hace referencia a la autoría del insulto «maricón» que figuraba como concepto en la nómina. El empresario afirmaba en todo momento que el único responsable de dicha descalificación era la entidad financiera y que él no tuvo absolutamente nada que ver, asegurando, además, que disponía de pruebas que lo corroboraban y despejaban cualquier duda al respecto.

Sin embargo, las comprobaciones realizadas por los inspectores son «absolutamente tajantes» en las conclusiones y determinan que fue el empresario «quien ordenó tácitamente que había que incluir 'maricón' en el concepto de la transferencia», además de ser responsable del pago con demora de dicha nómina, puesto que fue recibida por el trabajador a finales de mayo cuando correspondía al mes anterior.

El caso de la «nómina de abril maricón» despertó un gran interés en redes sociales y la imagen con el concepto del pago se hizo viral en pocas horas. Con posturas enfrentadas y una denuncia por homofobia de por medio, el proceso arrancó con un intento de mediación entre las partes para tratar de evitar acudir a los juzgados.

Tras no alcanzar un acuerdo el pasado mes de junio en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, los Juzgados de lo Social de Málaga se hicieron cargo del caso, que decretó el embargo preventivo de cuentas y bienes del empresario por valor de 33.000 euros, un hecho significativo que, según CGT, «da garantías» del cumplimiento de la futura sentencia tras el juicio, previsto para enero de 2025, ante el cual se sienten muy optimistas y confiados.