Condenado a 19 años de prisión por asfixiar, decapitar y descuartizar a su expareja y tirar los restos al mar

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 19 años de prisión al colombiano de 45 años acusado de un delito de asesinato con las circunstancias agravantes de parentesco y de género y el atenuante de confesión por asfixiar a su expareja, decapitarla, descuartizarla y arrojar sus restos al mar en una playa de Marbella.

El acusado ha sido condenado, además, a otros seis meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena puesto que, días antes del crimen, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Marbella lo había condenado por maltrato a su expareja, también de nacionalidad colombiana y de 46 años de edad, víctima de este crimen.

El caso se remonta a principios de 2023. El procesado había mantenido una relación sentimental con la víctima durante siete meses y, en la mañana del 8 de enero, pidió a un compañero de trabajo que le acercara en su vehículo a las inmediaciones de un centro religioso al que la víctima acudía cada domingo. Tras encontrarse con ella, entablaron una conversación y la mujer accedió a subirse a la furgoneta con los dos hombres.

Tras llegar al aparcamiento de una urbanización de Marbella, el condenado y la víctima se apearon del vehículo y se dirigieron a una playa cercana, donde mantuvieron relaciones sexuales. Inmediatamente después, tal y como afirma la sentencia, «con ánimo de acabar con su vida, de manera sorpresiva y con expreso desprecio al sexo femenino», la agarró por el cuello aprovechando que estaba de espaldas y no podía defenderse y la asfixió, provocándole la muerte. A continuación, el procesado decapitó a la víctima con un cúter y la descuartizó, para finalizar arrojándola al mar.

Sus restos aparecieron la mañana del 8 de enero en la playa ubicada entre Elviria y Las Chapas. El cuerpo se encontraba decapitado, sin manos y con una gran incisión en el abdomen que hizo el condenado para conseguir que se hundiera y evitar que pudiera ser fácilmente identificada por las autoridades.

La Policía Nacional detuvo al culpable inicialmente por quebrantamiento de las medidas cautelares de alejamiento pero, tras encontrarse bajo tutela policial, confesó su crimen de manera espontánea.

En la sentencia se recoge cómo el procesado actuó «con expreso desprecio al sexo femenino de la víctima, pues no sólo le ocultó que estaba casado, sino que además le agredió en otras ocasiones», lo que provocó que la mujer interpusiera varias denuncias que él «no toleró que hiciera».

La actitud del hombre era controladora, puesto que estuvo llamando a la víctima una media de 20 ocasiones diarias antes del crimen, haciéndole ver «su creída superioridad sobre la misma, hasta el punto de que se creyó con poder para disponer de su cuerpo con las relaciones sexuales consentidas y a continuación de su vida, con la que acabó».

Su dominación y desprecio hacia la mujer continuó incluso después de muerta, al quitarle la ropa, decapitarla, cortarle las manos y «rajándole el abdomen, como si de una cosa se tratara».