El exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, en una imagen de archivo
Málaga
El exalcalde socialista de Estepona, condenado a cinco meses de suspensión de empleo por el caso Astapa
El caso se resuelve 17 años después con penas menores y más de 30 absueltos
Caso Astapa: la corrupción socialista en Estepona se juzgará 16 años después
El exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos ha sido condenado a cinco meses y siete días de suspensión de empleo y cargo público por un delito continuado de cohecho y a una multa de 40.000 euros en el macrojuicio por el caso Astapa contra la corrupción política-urbanística.
De los 56 acusados que se sentaban en el banquillo en esta causa han sido condenados 15, mientras que 31 han sido absueltos.
Anticorrupción mantuvo que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el consistorio y aumentaron el gasto público, para beneficio propio o de los partidos.
16 años después
El caso Astapa, la supuesta trama de corrupción político-urbanística del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona, se ha juzgado en la Audiencia Provincial de Málaga, 16 años después de que se abriera el procedimiento.
Astapa se empezó a investigar a raíz del escrito que presentaron los entonces concejales del Ayuntamiento de Estepona por el PSOE Cristina Rodríguez y David Valadez ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el 16 de noviembre de 2006. Los exediles denunciaban la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción en el Consistorio esteponero. La instrucción no acabó hasta 2017.
En su escrito de acusación, presentado el 27 de junio de 2018, el fiscal solicitaba diez años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Antonio Barrientos por delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Barrientos siempre ha defendido que actuó dentro de la legalidad y mantiene que nunca se ha enriquecido u obtenido beneficio fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor.
El Ministerio Público señala que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios a través de donaciones directas al Consistorio, patrocinios de actividades deportivas y culturales y la asunción de determinadas deudas de las sociedades como gastos propios. Los empresarios requeridos en la causa solían aceptar chantajes para no perder oportunidades de negocio.
