La Junta tacha de «tomadura de pelo» las propuestas del Gobierno presentadas en la reunión del tren litoral

«Decepcionantes», «ridículas», «insuficientes». Los calificativos que han empleado tanto el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, como la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, acerca de la última reunión celebrada por la mesa de trabajo creada para darle viabilidad al tren de la Costa del Sol hablan por sí solos.

Durante la jornada de este jueves ha tenido lugar el encuentro del grupo de trabajo interadministrativo en el que han participado representantes del Ministerio de Transportes, de la Junta de Andalucía y de diferentes ayuntamientos de la Costa del Sol, así como un representante de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras y de la organización Fadeco a propuesta de la Junta de Andalucía.

Ha sido entonces cuando se han presentado los resultados de análisis preliminares y de propuestas de actuación por parte del Gobierno y se han recogido las aportaciones de todas las administraciones para seguir avanzando. Sin embargo, no todos los asistentes a la reunión han salido con las mismas sensaciones.

Por un lado, el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, ha presentado cinco alternativas para optimizar los descuentos actuales de la autopista AP-7 y que los usuarios habituales por trabajo o estudios se vean bonificados entre un 10 y un 50 % en función de los tránsitos que realicen.

Además, en cuanto al principal desempeño que debe llevar a cabo este grupo de trabajo se refiere, Fernández Heredia ha anunciado que el estudio de viabilidad del corredor ferroviario se licitará próximamente y contará con un presupuesto de 1,2 millones de euros y una duración del contrato de 18 meses. Dicho estudio es un requisito obligatorio que impone la ley del Sector Ferroviario porque, tal y como ha asegurado el secretario, los estudios anteriores carecen de Declaración de Impacto Ambiental y ya no son válidos.

«Hemos lanzado ya un estudio de alternativas para mejorar toda esa congestión de la AP-7, mejorar los niveles de servicio y otro tipo de posibilidades como carriles reversibles o plataformas de BUS VAO, que por parte del Ministerio estamos trabajando para dar respuesta a las iniciativas que se han ido produciendo por parte de distintas administraciones que se ven afectadas, su ciudadanía, por los problemas que pueda haber de congestión», ha explicado Fernández Heredia.

Una reunión «ausente de avances»

Sin embargo, el punto de vista de los organismos de la provincia dista mucho del del Gobierno. En palabras de Francisco Salado, presidente de la Diputación, «lo tratado, hablado y comprometido en la reunión, me temo que no cabe otro calificativo que llamarla tomadura de pelo por parte del Gobierno».

Salado ha tildado las propuestas de «decepcionantes» y ha lamentado profundamente que los avances del Ministerio «no van al ritmo que necesita la provincia y, sobre todo, no se han traído las soluciones ni compromisos a corto y medio plazo que necesita la provincia de Málaga».

«No puede ser que en julio el Ministerio se comprometiera a hacer un estudio de viabilidad sobre el tren este año para sacar a concurso el estudio informativo en 2025, y ahora nos venga con que licitará el estudio de viabilidad en diciembre y tardaremos dos años en tenerlo», ha razonado, al tiempo que ha calificado de «ridículas» las inversiones que pretende efectuar el Gobierno para tratar de paliar la situación del transporte terrestre en Málaga.

Según su propio análisis, el Ejecutivo central propone «destinar un presupuesto de un millón de euros para bonificaciones de la autopista de peaje de la Costa del Sol, cuando en otras autopistas de España, como la AP9 de Galicia, destina 55 millones de euros al año a bonificaciones. Aspiramos a que se bonifiquen el 100 % o cerca del 100 % los trayectos frecuentes por motivos de trabajo o estudios, no a que nos den una limosna ridícula».

Por su parte, Rocío Díaz ha evaluado la reunión como «ausente de avances» y ha lamentado que sólo se hayan planteado «estudios de viabilidad que deberían haber llegado a esta cita ya licitados».

Para la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, «los ciudadanos merecen un esfuerzo a un problema prioritario en Andalucía, porque ya se va tarde en la búsqueda de soluciones» puesto que, con los nuevos plazos anunciados, los estudios de viabilidad se obtendrían en 2027.