Las cifras no engañan: se triplican los casos de okupación en Málaga tras la ley antidesahucios del Gobierno

El Real Decreto-Ley 11/2020, aprobado el 31 de marzo de 2020, fue la consecuencia del intento del Gobierno de Pedro Sánchez por proteger a las familias vulnerables que, como consecuencia de la pandemia, no podían hacer frente al pago del alquiler de sus viviendas.

Esta medida se tradujo en la suspensión de los desahucios de personas o familias en situación precaria que, con la Ley de la Vivienda de mayo de 2023, se vio ampliada, prorrogada y más que consolidada, implicando una protección a la okupación que nadie vio o quiso ver en su momento.

Como consecuencia de esta ley, y tal y como lo corroboran las estadísticas presentadas por la Oficina del Derecho a la Vivienda, un organismo creado por el Instituto Municipal de la Vivienda para atender las necesidades de los ciudadanos que tienen problemas con el pago de los inmuebles, entre los años 2020 y 2023 (a falta de los datos completos de 2024), los casos de okupaciones en la capital costasoleña se han multiplicado por tres.

Las cifras de este auge de la okupación ilegal son muy significativas y no dejan lugar a dudas: en 2019, un año antes de que entrara en vigor el Real Decreto-Ley, esta oficina se hizo cargo de 115 casos. En 2020, con la normativa recién aprobada, fueron 155, hasta llegar a los 492 expedientes que se atendieron en 2023.

Por otro lado, estos datos no recogen los casos de los tristemente famosos y muy de actualidad inquiokupas, los inquilinos que dejan de pagar el alquiler hasta que son desahuciados; estos son los más numerosos, nada menos que 693 episodios en el último año registrado.

En lo relativo a la propiedad de los inmuebles okupados, la mitad de ellos (245) pertenece a grandes tenedores privados, bancos y fondos de inversión, por delante del parque público de viviendas (134 casos), en manos de Junta y Ayuntamiento y que perjudica a los legítimos ocupantes de estos pisos: las familias en riesgo de exclusión social a las que se les adjudicó la vivienda. Por último, un centenar de esos inmuebles pertenece a propietarios particulares.

Aunque aún no pueden ofrecerse las cifras completas relativas al pasado 2024, lo cierto es que esta información incluye datos parciales oficiales recogidos durante los primeros nueve meses del año. Así, hasta el mes de septiembre, se atendieron 337 expedientes en total, una cifra que se encuentra por debajo de lo ocurrido en 2023.

Llama especialmente la atención, en cuanto a esos datos relativos se refiere, el notable crecimiento de las okupaciones de viviendas de entidades públicas; se trata, concretamente, de 184 inmuebles, medio centenar más que en todo 2023.

Ante esta preocupante situación, las soluciones siguen pasando por la legislación y la Justicia, como la reciente propuesta presentada conjuntamente por los colegios de abogacía de Málaga, Madrid y Barcelona en la que se contempla una reforma legal necesaria para que un juez de guardia pueda dictar une medida cautelar de desalojo de un inmueble en 48 horas.