La Audiencia Nacional admite una querella contra la cúpula de Hamás por el asesinato de Maya Villalobo

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido a trámite una querella contra ocho miembros de la cúpula de Hamás que presentó el padre de Maya Villalobo, la joven española que fue asesinada en los ataques perpetrados contra Israel el 7 de octubre de 2023. Se les imputa un delito de terrorismo, según consta en un auto de la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.

Tardón ha acordado esta admisión a trámite en consonancia con el criterio de la Fiscalía y acuerda acumularla a las diligencias ya abiertas en este órgano judicial el pasado 11 de octubre para investigar la muerte de la joven y de otro español y su mujer.

En cuanto a la posible atribución de la condición de investigados de los miembros de la cúpula de Hamás, su posible citación para declarar y la adopción de medidas dirigidas a su detención, algo que solicitaba la acusación, Tardón ha decidido esperar al resultado de la comisión rogatoria enviada a Israel en las diligencias que ya tiene abiertas.

En cinco páginas, la magistrada explica que procede la admisión de la querella al ostentar el padre de la joven la condición de agraviado por unos hechos para los que la jurisdicción española resulta competente.

No obstante, recuerda que el querellante es plenamente conocedor de que por estos mismos hechos ya se sigue en el juzgado una causa penal, en la que aquel se encuentra personado desde enero, por lo que la admisión de la querella no dará lugar a la incoación de un nuevo procedimiento, sino que se acumulará al ya abierto, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Comisión rogatoria

Fue en febrero de 2024 cuando la jueza, que ya investigaba la muerte de los españoles Iván Illarramendi y Maya Villalobo en el ataque terrorista, acordó pedir a Israel que aportara toda la información que hubiera recabado en relación con la autoría de los hechos, así como el informe relativo a la reivindicación del ataque.

En ese auto, Tardón explicaba que los informes de la Guardia Civil que recogía el fiscal del caso en su petición de archivo de la causa enmarcaban lo ocurrido en un contexto de «incertidumbre informativa propia del tipo de acciones violentas y escenarios de guerra», y señalaba que esto podía ocasionar que resultara «inviable obtener un mayor esclarecimiento de los hechos [...] y determinar su concreta autoría».

Pero pese a ello, la magistrada señalaba que debía tener en cuenta, tal y como plantearon las acusaciones particulares personadas en esta causa, que «el derecho a la información constituye uno de los derechos básicos de la víctima del delito», tal y como viene recogido en el Estatuto de la Víctima.

Esto «debe llevar a esta instrucción al agotamiento de todas las posibilidades de investigación», recabando cuanta información pudiera aportarse al respecto «por parte de las autoridades judiciales que pudieran resultar competentes en Israel, en cuyo territorio tuvieron lugar los hechos».

Y todo esto, añadía Tardón, sin perjuicio de que finalmente se tuviera que acordar el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía si no se obtenía un resultado positivo sobre las circunstancias en las que se produjeron las muertes de los ciudadanos españoles, así como su posible autoría.

El informe de la Fiscalía

Ese informe de Fiscalía interesando el sobreseimiento se presentó el pasado 1 de diciembre de 2023 después de recibir un informe policial en el que se afirmaba que todo apuntaba a que las dos muertes se produjeron por la acción terrorista de Hamás.

Tardón, con todo, acordó la emisión de solicitud de asistencia judicial en materia penal a las autoridades de Israel «al objeto de que faciliten información relativa a la investigación [...] incluyendo informe pericial o dossier judicial elaborado por la Fiscalía de Israel que expliquen las causas y circunstancias del fallecimiento» de los españoles y de la esposa de uno de ellos.

También pedía expresamente que Israel «remita el informe elaborado [...] sobre la autoría de los hechos y relativo a la reivindicación del ataque [...] por la organización terrorista Hamás».

Fue el pasado octubre cuando la Audiencia Nacional acordó el secreto de la investigación sobre la muerte de Maya Villalobo y sobre lo que en ese momento se valoró como secuestro de Iván Illarramendi tras los ataques perpetrados en el Estado de Israel y en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania.

Tardón aceptó el caso al entender que la Audiencia Nacional era el tribunal competente para investigar estos hechos. Cabe recordar que Villalobo prestaba el servicio militar en las fuerzas de Israel al ser titular de la doble nacionalidad, y que Illarramendi, de 46 años, residía en el kibutz Kissufim, próximo a Gaza.

Éste último desapareció junto a su mujer, de nacionalidad chilena, a quien la magistrada también acordó incluir en la investigación. Pero el pasado mes de noviembre se constató que ambos fueron asesinados por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre y en ningún momento estuvieron secuestrados. Los cadáveres de ambos fueron identificados justo un mes después del ataque terrorista.