Piden una pulsera de control telemático para el maltratador que se registró como mujer para evitar la cárcel

La defensa de la mujer maltratada por un hombre se inscribió en el Registro Civil como mujer para evitar la cárcel ha solicitado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla que imponga al acusado una pulsera de control telemático para que no se acerque a menos de 300 metros de la víctima.

En su escrito al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, al que el Juzgado de Instrucción número 15 devolvía recientemente el caso, el abogado José Antonio Sires rememora que, el pasado mes de julio, el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 impuso a esta persona actualmente registrada como Candi la prohibición de acercarse a su expareja y de comunicarse con ella por cualquier medio.

Este individuo, que ha solicitado el indulto so pretexto de que ahora es «una persona nueva», llegó a entrar en la cárcel, pero fue puesto en libertad. El abogado de la víctima avisa de que esta persona ha incumplido presuntamente la orden de alejamiento, «insultándola y amenazándola desde la puerta del domicilio de la víctima», extremo denunciado el 9 de agosto de 2024.

«La puesta en libertad del encausado ha puesto de manifiesto una falta de respeto absoluta a la autoridad judicial y la víctima en particular», señala el abogado, solicitando que se imponga a la persona denunciada «un mecanismo de control y localización» las 24 horas del día, «alertando en caso de acercarse a menos de 300 metros de la víctima».

En este sentido, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla se apartó del caso derivado de la denuncia de la mujer contra su expareja por presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato. En su auto de inhibición, el tribunal argumentó que el sexo de la persona denunciada había cambiado, por lo que «sobreviene falta de competencia objetiva». El hombre, antes de entrar en la cárcel, acudió al Registro Civil y se registró como mujer.

Ante ello, el abogado de la denunciante ha interpuesto un recurso de reposición ante el propio juzgado contra dicha decisión judicial. En el requirimiento, advierte de que la ley trans dispone literalmente que «la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género».

Este letrado viene avisando desde hace tiempo que el cambio de sexo registral del investigado para pasar a ser mujer supone «un fraude de ley» para que su caso sea abordado por un juzgado convencional y no por uno de violencia sobre la mujer, con lo que ello supone en relación con las penas.

Además, ha indicado esta persona ya había sido condenada en 2019 a 15 meses de prisión por malos tratos en relación con su expareja y mujer denunciante de estos otros hechos de presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato.

«Siempre se ha sentido mujer»

La defensa, de su lado, asegura que esta persona «siempre se ha sentido mujer» y que «el único error que ha cometido ha sido «crecer en una sociedad en la que ha estado cohibida durante mucho tiempo, sin poder expresar su verdadera condición sexual».

«El día que se aprobó la ley trans vio la luz al final del camino y a los 15 días de la aprobación de la misma fue al registro a cambiar su género. Ella sólo hizo realidad su deseo de convertirse en mujer y la ley por primera vez la amparó. Ella no ha realizado este paso tan importante simplemente por librarse de la cárcel, con esta nueva defensa jurídica ha obtenido una sentencia absolutoria, ya que la denuncia interpuesta era falsa», sostiene su defensa.