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"Nadie sabe el miedo que se pasa", dice en una entrevista con EFE una vecina de Sevilla que teme ser agredida de nuevo por su expareja, que se cambió de sexo y se inscribió como mujer en el Registro Civil dentro de una estrategia que de momento le ha servido para poder seguir acosándola y evitar el ingreso en prisión. En esta situación vive Rosa -nombre ficticio- cuya expareja y padre de sus dos hijos fue condenado a 15 meses de cárcel que todavía no ha cumplido y por la que ha pedido el indulto al Gobierno. La última vez que la agredió, afirma la víctima, fue hace poco más de un mes. Ambos viven separados por unos 18 kilómetros, algo que no es óbice para que él acuda a su casa para intentar agredirla, lo que ha conseguido en alguna ocasión, la última, cuenta Rosa, el pasado 9 de julio, unos días después de que ella celebrara su cumpleaños. “Cuando llegué de trabajar estaba en el portal, y cuando abrí la puerta empezó primero con bofetones y luego con un puñetazo en el brazo”, relata. Dos chicos vecinos de su calle la socorrieron y llamaron al 112, que avisó a la Policía Nacional y al Teléfono de la Mujer. “Su intención era darme una patada y dejarme en el sitio”, pero cuando llegó la Policía “decía que no se le podía tocar porque era mujer”. Le acababa de agarrar por el pelo delante de los vecinos. El trauma para Rosa fue tal que al día siguiente se cortó la melena para intentar borrar ese recuerdo. Denuncias y antecedentes El abogado de la mujer, José Antonio Sires, del bufete penalista sevillano Sires Abogados, explica que ella rompió la relación hace cinco años debido a los malos tratos tanto psicológicos como físicos a los que la sometió durante una década, hechos que fueron denunciados en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. En 2014 le fueron concedidas a la víctima varias órdenes de protección frente a su agresor, que quebrantó en numerosas ocasiones, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. Ya había estado 18 meses en la cárcel por una condena anterior por malos tratos a otra pareja. El 11 de septiembre de 2023, una vez que esa condena fue firme, un juzgado ordenó su ingreso inmediato en prisión, pero de momento la ha esquivado gracias a una petición de indulto al Gobierno. Además, poco antes de recibir esa sentencia, el agresor registró formalmente su cambio de sexo. Por esa razón, cuando Rosa lo ha denunciado recientemente tras la última agresión, el Juzgado de Violencia de Género que llevaba el asunto se ha inhibido en uno ordinario porque entiende que ya no es competente. La denuncia de la víctima por la nueva agresión se tramita en un juzgado de instrucción no especializado y sigue los ritmos de la justicia ordinaria, de modo que aún no se ha adoptado ninguna medida para protegerla. La ley trans establece en su articulado que las agresiones machistas denunciadas antes de que un hombre cambie su sexo en el Registro Civil se juzgarán aplicando la ley contra la violencia de género. Fuentes jurídicas han explicado a Efe que el caso es distinto si la agresión se ha producido después del cambio de sexo, que sería juzgada como violencia doméstica. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que se perseguirá a quienes cometan fraude de ley y utilicen la ley trans para librarse del castigo que el ordenamiento jurídico establece para los maltratadores de la violencia de género y ha matizado que estos fraudes suponen un "porcentaje ínfimo". “Me enteré cuando fui a denunciarle” A Rosa el cambio de sexo de su expareja la cogió por sorpresa. Como en el Registro Civil no se pide certificado de penales para solicitarlo, él lo pudo hacer sin problemas, y sin que la otra parte de la causa en la que está implicado fuese notificada. Mientras muestra vídeos y audios que reflejan el acoso que sufre, lamenta el “marcaje” de su expareja que, según dice, tiene controlados sus movimientos, porque se enteró dónde vive, sabe dónde trabaja y sus horarios. “Me siento desprotegida cuando ves que no tienes protección, que llamas a la Policía y te dice que no se lo pueden llevar porque es una mujer, cuando te ha insultado, te está acosando y no pasa nada”, lamenta. Llama la atención sobre la solución que le han dado alguna vez, que pasa por la que tienen que adoptar muchas víctimas como ella: que se esconda. “¿Por qué tengo que cambiar yo mi vida, mi vida entera, por culpa de esa persona? Creo que no es justo”

Víctima del caso

La víctima cuyo agresor se define ahora como mujer recurre el caso: «Es un fraude de ley»

Candi, como ahora se llama, cuenta con antecedentes penales en materia de violencia de género y ha sido denunciado por hechos similares al poco tiempo de solicitar la rectificación

Redacción El Debate
El Debate

Actualizada 12:03

La mujer vecina de Sevilla, cuyo maltratador, ahora llamado Candi, se cambió de sexo en el Registro Civil tras ser condenado a 15 meses de prisión, ha presentado un recurso contra la inhibición del juzgado de violencia de género asegurando que se ha producido un «fraude de ley».

Según recoge Efe, el abogado José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, ha informado mediante un comunicado de que se ha presentado el recurso con argumentos como que «la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre», no deben alterar el régimen jurídico de una persona, de modo que tiene que responder en las mismas formas a los delitos que haya cometido.

Esto se produce de acuerdo a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que cuenta con un precepto añadido «con el propósito de evitar la posible indefensión y la vulneración de los derechos correspondientes a las víctimas», con el que se quiso evitar cualquier «fraude de ley» que se pudiera dar.

Entiende el letrado que el condenado por estos hechos ha querido «bordear» la norma y no tiene dudas de que el cambio de sexo fue «simulado, y, por tanto, sí se hizo en fraude de ley».

Alude a que se ha cambiado de sexo registral contando con antecedentes penales en materia de violencia de género y ha sido denunciado por hechos similares al poco tiempo de solicitar la rectificación, «aduciendo que la ley de violencia de género no le es aplicable» al ser ahora una mujer.

Por ello, se ha interpuesto recurso de reposición contra el auto del 14 de agosto que pide revocar la inhibición para enviar el caso al Juzgado de Instrucción de Sevilla, reclamando que el Ministerio Fiscal actúe de oficio para salvaguardar los intereses de la víctima.

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