Magdalena Alvarez, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el banquillo del caso ERE

Magdalena Alvarez, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el banquillo del caso EREEFE

Caso ERE

Chaves y Griñán ganan tiempo: una jubilación y una excedencia dejan sin fecha una nueva sentencia contra ellos

Contratiempos en la Audiencia de Sevilla impiden que el tribunal provincial se encuentre en disposición de dictar una nueva sentencia, ya que la ley exige que deben estar disponibles al menos dos de los tres jueces

La Audiencia de Sevilla no dictará a corto plazo una nueva sentencia sobre el caso de los ERE. Esto significa que, tanto los expresidentes Chaves y Griñán como el resto de condenados por el caso cuyos recursos fueron resueltos por el Constitucional ganarán tiempo.

El tribunal sevillano no se encuentra en condiciones de dictar las nuevas penas ni lo hará, previsiblemente, a corto plazo. De los tres magistrados que lo componían, dos no están disponibles a día de hoy. Juan Antonio Calle se jubiló anticipadamente en 2021, y recientemente, ha trascendido que la magistrada Encarnación Gómez se encuentra en excedencia por el cuidado de un familiar. Por tanto, solo está disponible a día de hoy la otra magistrada, Pilar Llorente.

Con esta situación, por tanto, no se cumple con el requisito que exige la ley, que haya al menos dos de los tres jueces que celebraron el primer juicio.

Y no parece que la situación se pueda desbloquear en las próximas fechas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha declarado en Canal Sur Radio que elevará una consulta al CGPJ para que sea este órgano el que interprete si esa excedencia voluntaria de Encarnación Gómez le permite formar parte del tribunal cuando llegue el momento. La salida más viable a día de hoy es el de celebrar una nueva vista, con un tribunal nuevo, lo que indudablemente retrasará el fallo.

Lorenzo del Río confía en obtener una respuesta del CGPJ «en un corto plazo de tiempo»; no obstante, ha reconocido que esta situación supone «un contratiempo importante».

Nueva sentencia

Los tres magistrados citados, como miembros de la Sección Primera de la Audiencia sevillana, condenaron en 2019 al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, a seis años de cárcel por malversación, y a 15 de inhabilitación por prevaricación, mientras que Manuel Chaves fue sentenciado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Unas penas que fueron mantenidas por el Supremo, que en 2022 desestimaron sus recursos. Sin embargo, el Constitucional estimó los recursos de amparo de los expresidentes, lo que anulaba la sentencia inicial contra ellos y otros acusados e instaba a la Audiencia de Sevilla a emitir una nueva sentencia, que incorporase, eso sí, los fundamentos que dictaminó el TC en dicho caso.

Moreno lo ve «rocambolesco»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este martes de «rocambolesca situación» la posibilidad de un retraso de la Audiencia de Sevilla en la revisión de la condena de la llamada pieza política del caso ERE y ha expresado sus dudas de que se pudiera «retrasar, no sabemos si sine die esa nueva sentencia» obligada como consecuencia de los sucesivos fallos del Tribunal Constitucional por los recursos de amparo de los condenados.

«Estas son las cosas que están pasando últimamente en España y que no deberían de pasar», ha continuado reflexionando Moreno en declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas, donde protagoniza un viaje oficial en su condición también de vicepresidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea.

«Hay responsables que tienen que pagar por ello», ha reclamado Moreno, quien ha blandido para ello el hecho de que «una serie de jueces ya han dictado sentencias».

El PSOE-A quiere pasar página

Toda esta situación no cambia un ápice la postura de los socialistas andaluces, que insisten en su argumentario de que en los ERE no hubo «trama política».

​«La Audiencia provincial de Sevilla tendrá que resolver unos flecos de unas transferencias concretas de financiación que el Tribunal Constitucional ha manifestado que tendrían que revisarse porque no tenían el amparo legal. Pero de lo que no queda ninguna duda es que jamás hubo una trama organizada por parte de ningún gobierno socialista para establecer ningún fraude a través de los ERE», decía en rueda de prensa su portavoz adjunto, Josele Aguilar.
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