El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, en una imagen de archivoAyuntamiento de Sevilla

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El PP y Vox sientan las bases de una futura alianza en Sevilla tras poner freno a los pisos turísticos

El primer gran acuerdo entre ambas formaciones en el mandato de José Luis Sanz abre la puerta a un pacto de gobernabilidad

El PP y Vox han conseguido poner freno a los pisos turísticos en Sevilla tras meses de bloqueo a una iniciativa que se aprobó finalmente este jueves y que establece la limitación de las viviendas de uso turístico a un máximo del 10 % sobre el total en cada uno de los 108 barrios de la capital hispalense, que se ha convertido en la primera ciudad andaluza en aprobar una ordenanza al abrigo del decreto de la Junta de Andalucía.

Se trata del primer gran acuerdo entre ambas formaciones en el mandato de José Luis Sanz, que gobierna en minoría y en su primer año con el bastón de mando de Sevilla ha sufrido para aprobar los presupuestos municipales, que sacó adelante tras someterse a una cuestión de confianza que le negaron todos los grupos de la oposición, y para desbloquear su plan destinado a limitar los pisos turísticos.

Fue la semana pasada cuando el PP y Vox alcanzaron el acuerdo, después de ocho meses de negociaciones por parte de los populares tanto a derecha como a izquierda. Finalmente, el partido de Santiago Abascal dio su brazo a torcer y cedió en su pretensión de suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias, lo mismo que pedía Podemos-Izquierda Unida.

En el pleno de este jueves, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, justificó su voto favorable en el hecho de que el Gobierno local hubiera aceptado dos de las tres propuestas de su formación: «Habrá un límite más reducido en otras zonas de la ciudad y no proliferarán estas viviendas en los 15 barrios más saturados». Los grupos de izquierdas, en cambio, se mantuvieron en el no porque la ordenanza permitirá casi 23.000 pisos turísticos más en zonas no tensionadas.

Con este acuerdo, el PP y Vox sientan las bases de una futura alianza en Sevilla. Fuentes del Ayuntamiento descartan que se vaya a producir una entrada de los tres concejales del partido de Abascal en el Gobierno de Sanz, extremo que desechó hace unos meses el propio alcalde después de que Génova y San Telmo le negaran esta posibilidad. Sin embargo, no descartan un pacto de gobernabilidad que permita a Sanz acelerar sus proyectos sin tener que lidiar cada mes con el rechazo del Pleno municipal.

A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia, donde el PP y Vox siguen gobernando juntos tras la ruptura de sus Gobiernos autonómicos, en Sevilla no hubo pacto de gobierno después de las elecciones municipales. Los de Santiago Abascal señalaron al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como responsable del veto, aunque José Luis Sanz también descartó dicho acuerdo y prefirió gobernar en minoría buscando pactos a izquierda y a derecha, hasta el momento con poco éxito.

Moratoria en el centro y Triana

No habrá más licencias para pisos turísticos en el Casco Antiguo y Triana. La nueva ordenanza establece una moratoria de facto en los distritos de Sevilla más tensionados por este fenómeno. Sin embargo, tomando como punto de partida la existencia de 9.695 alojamientos de esta naturaleza, deja un margen de 22.705 viviendas de uso turístico más en el resto de la ciudad.

En cualquier caso, José Luis Sanz respira aliviado al poder cumplir una de sus principales promesas electorales, toda vez que en campaña se presentó con un propósito muy claro en la materia: «En el centro de Sevilla no cabe un piso turístico más».

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, con los votos favorables del PP y de Vox, también aprobó «profundizar en el análisis del informe en el que se basa la limitación del 10 % para toda la ciudad; encargando un nuevo informe, si es preciso, para sostener legalmente la limitación según distintas zonas de Sevilla, valorando parámetros como zonas de alto esfuerzo familiar, zonas acústicamente saturadas o zonas de carácter patrimonial», y reclamar a la Junta una reforma de su decreto para otorgar a los ayuntamientos una «mayor capacidad normativa» en este ámbito.