Cataluña lidera las okupaciones ilegales en 2021 con un 42 % del total

Cataluña vuelve a encabezar el ranquin de las autonomías en okupaciones ilegales. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en Cataluña hubo 5.689 ocupaciones, un 42 % del total contabilizadas en España hasta septiembre de 2021. Unas cifras que están lejos de las que registran otras comunidades autónomas. De hecho, triplica los casos de Andalucía (1.994) y multiplica por cuatro los de Madrid (1.282).

Y otro dato a tener en cuenta es que el número de okupaciones ilegales no han dejado de crecer en Cataluña desde que empezó la serie histórica en 2015. Aquel año se registraron en esta comunidad 3.950 ocupaciones, que suponía el 38 % del total. Y dentro de Cataluña, es la provincia de Barcelona donde más se de este tipo de conductas. De hecho, se dan prácticamente tres de cada cuatro okupaciones ilegales.

Y en medio de este panorama, ERC, Junts, la CUP y los Comunes han llegado a un acuerdo con varias entidades sociales, encabezadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y han elaborado primer borrador de lo que tiene que ser la futura ley antidesahucios en Cataluña. La anterior, recordemos, fue anulada en parte por el Tribunal Constitucional.

¿Y qué contempla esta ley?

Para empezar, hace una redefinición de los grandes tenedores: serán las personas jurídicas con más de diez viviendas y las personas físicas con 15 pisos en propiedad. Y también se amplía la duración de los contratos de alquiler social: de tres a cinco años si el propietario es una persona física, hasta siete en caso de personas jurídicas y doce años cuando son bancos y fondos de inversión. 

Y el objetivo de la ley es que en última instancia se obligue a ofrecer alquileres a familias en situación de vulnerabilidad, incluso las que están ocupando una vivienda de forma ilegal. Los grandes tenedores, siempre que no sean bancos o fondos, podrán pedir a la Generalitat que les alquile la vivienda a precio de protección oficial, a cambio de no interponer una demanda de desahucio, o de retirarla, si es que ya se ha empezado el trámite. Y una de las cuestiones que se recupera de la anterior normativa es la renovación obligatoria de los alquileres sociales de los grandes tenedores cuando llegase a su fin.

Se pretende impedir que el propietario pueda recuperar la vivienda ante un incumplimiento en el pago del alquilerJosé María Español, abogado

Para los expertos consultados por El Debate, este borrador «es una calamidad». Así lo dice el abogado experto en ocupaciones, José María Español, quien deja claro que de aprobarse la ley en estos términos, «va a ser carne de recurso de inconstitucionalidad». Y es que según Español, uno de los problemas que presenta es querer regular la duración del contrato de arrendamiento a 12 años en caso de tratarse de un banco o fondo de inversión. El abogado recuerda que «la ley de arrendamientos es competencia estatal. Si lo acuerdan las partes pueden ampliarlo, sí, pero no imponerlo». También considera que se insiste en el mismo «error» que se cometió con el anterior decreto: «pretender impedir el acceso a presentar una demanda si antes no has cumplido una serie de requisitos». Para Español esto es «inconstitucional porque el acceso a la justicia en España no puede estar condicionado y menos por quien no tiene competencias para ello».

Mafias de la okupación

Pero hay más problemas, porque para Español lo que se pretende es «impedir que el propietario pueda recuperar la vivienda ante un incumplimiento en el pago del alquiler». Y, en cualquier caso, considera que ni mucho menos va a solucionar el problema de la ocupación y también va a aumentar «la importancia de las mafias en materia de ocupación». El abogado deja claro que «esta ley prevé que el ocupa que haya entrado en una vivienda sin autorización del propietario pero que reúna unas determinadas condiciones económicas, tendrá preferencia para que le alquilen la vivienda». Antes, incluso, dice Español que «una familia que haya reunido los requisitos y haya ido a la oficina de la Generalitat correspondiente a solicitar una vivienda de protección oficial». En definitiva, resume este experto, se traslada el mensaje de que «ocupando una vivienda te saltas la cola y no se prevé ninguna penalización».

Esa será una consecuencia, y la otra es el papel que jugarán las mafias. Según explica Español, en Cataluña, los grandes tenedores, y especialmente los fondos de inversión, entre la «lentitud de la justicia» y «este tipo de leyes», les sale más a cuenta pagar al okupa para que se vaya de la vivienda y no acudir a un proceso judicial. ¿Y esto qué motiva? Según el abogado, «que cada vez las mafias se especialicen más y si antes pedían tres mil ahora vayan ya por cinco mil o seis mil euros, dependiendo del tipo de vivienda que te estén ocupando».