«Hay okupas que no pagan el alquiler porque no les da la gana, aunque tengan un Mercedes en el garaje»

Toni Miranda es el presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación, una entidad que se creó hace un par de años para ofrecer asesoramiento jurídico a los propietarios ante la proliferación del fenómeno okupa, pero también para demandar a las administraciones que lo amparan. Con él ha hablado El Debate, a raíz de la entrada en vigor, esta semana, de la nueva ley catalana de vivienda que entre otras cuestiones, contempla la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social a aquellas familias que acrediten una situación de vulnerabilidad aunque hayan ocupado la vivienda de forma ilegal. Eso sí, para las ocupaciones anteriores a junio de 2021.

–Una de las cuestiones que más preocupa a determinados sectores es el hecho de tener que ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables, aunque sean ocupas. Dicen que esto puede provocar un efecto llamada a la ocupación ilegal.

–Todo esto es una consecuencia normal de lo que ocurre en Cataluña y en el resto de España, pero especialmente en Cataluña, que es donde se concentra la mitad de la ocupación ilegal del país. Es una lucha ideológica, un ataque directo a la propiedad privada. Desde una serie de fuerzas políticas que tienen esto en su agenda, se están financiando una serie de organizaciones sociales dedicadas a asaltar la ley, a crear estas invasiones de la propiedad. Y esta ley lo que hace es dar un premio a los asaltantes, con una serie de recompensas por actuar en la línea que quieren.

Se dice que la ocupación la están haciendo los vulnerables, pero por lo que nosotros vemos, que estamos trabajando día a día con estas situaciones, no encontramos más que un 5 % de vulnerabilidad, diez en algún caso. El 90 % de ocupaciones ilegales no son de vulnerables, son de gente que está delinquiendo, son mafias que se dedican a ganar dinero con la ocupación, que montan sistemas para distribución de drogas, que la utilizan para la prostitución, para almacenes de robo. Y también hay una enorme cantidad de ocupación que ha sustituido la patada en la puerta por el contrato de alquiler.

–¿Y eso?

–Son los 'inqui-okupas', que son okupas que no pagan el alquiler sencillamente porque no les da la gana, aunque tengan un Mercedes aparcado en el garaje. Y todo eso, con un discurso de vulnerabilidad que es una farsa y una mentira.

–Otra de las consecuencias que puede tener esta ley, según denuncian los expertos, es que se refuercen precisamente las mafias que se dedican a la ocupación ilegal.

–La ocupación es un negocio, un estupendo negocio ilegal. El negocio de la extorsión que ha funcionado muy bien en el mundo okupa, y que consiste en ocupar una vivienda y al propietario se le dice que 'si quiere sacarme de aquí, me paga 7.000 euros'. Hay gente que ha vivido así muy bien, que ha conseguido unas rentas estupendas durante el año a base de extorsionar a propietarios. Esto es un efecto, pero hay cantidades de ejemplos y hay toda una variante de actos delictivos que forman un negocio estupendo, un negocio ilegal, de mafias, de delincuentes. Y esto está ocurriendo porque están haciendo evolucionar la ocupación. Este fenómeno, con este conjunto de leyes, ha creado una esfera de impunidad donde se mueve esta gente: da dinero y está amparado por las instituciones y algunos viven gratis. Es un ataque total al estado de derecho, al derecho a la propiedad y causa numerosos daños a los afectados.

–Afecta a los propietarios, pero también a otras familias vulnerables que están en listas de espera para acceder a un alquiler social, pero los que hayan acreditado la situación de vulnerabilidad aunque hayan ocupado ilegalmente una vivienda, con anterioridad a junio de 2021, según la ley, ya tienen preferencia.

–Es así. El ayuntamiento de Rubí tiene una lista de espera de personas que son realmente vulnerables, que llevan mucho tiempo esperando para acceder a un piso, pero no pueden darles vivienda porque éstas que estaban destinadas a ello, están ocupadas. Y ahora, esas personas que han usurpado, saltándose la ley, tendrán el premio de quedarse con la vivienda. Y aquellos que han seguido la ley, que están en lista de espera y son vulnerables reales, se van a tener que fastidiar. Es la perversión que hace esta legislación. Es una agenda política que se ve en Sudamérica y en países en los que se está estableciendo el comunismo.

–Pero lo cierto es que el problema de la ocupación en Cataluña no viene de ahora, ya lleva años que esta comunidad autónoma lidera los rankings. Es un problema que está enquistado.

–La gente de la CUP, de Podemos, del grupo de Ada Colau han estado en Venezuela y saben muy bien cómo funcionan las invasiones, porque no le llaman ocupaciones. Y han estado estudiando exactamente cómo actuar. Están financiándolas muy bien. El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado dinero a estas organizaciones. Están perfectamente estructuradas y saben muy bien cual es su trabajo. Y desde luego que lo están haciendo y tienen todo el apoyo. En Cataluña el problema está enquistado porque los grupos que están aquí llevan dedicándose a ello desde hace mucho tiempo, pero el fenómeno ya está en toda España y será más importante si el Gobierno actual no actúa. Esto es cuestión de tiempo.

–¿Y qué es lo que le queda al propietario?

–En este momento lo que tiene que hacer es trabajar dentro de la ley. Se está atacando el Estado de derecho, pero sigue estando de pie y funciona. Hay que denunciar a estos delincuentes, aunque ciertamente con todas las trabas legales, está yendo muy lento. Pero nosotros estamos trabajando en una demanda colectiva porque vamos a demandar al Estado por las actuaciones que está llevando a cabo. Y hay que exigir la reparación de estos daños. Y hay que hacerlo por la vía legal. Los propietarios tenemos que denunciar y tenemos que unirnos en acciones legales conjuntas.

–¿Y no se han planteado hacer lo mismo contra la Generalitat o recurrir la ley catalana?

–Estamos trabajando en ello. Desde la asociación tenemos contactos con los grupos políticos y tenemos conversaciones. La oposición, en este momento, tiene las cosas claras sobre cómo abordar un proceso legislativo para acabar con la ocupación. Otra cosa es que desde la sociedad civil tengamos que empujar para ello. Y la cosa es sencilla. Sólo hay que hacer las cosas en línea con nuestros socios europeos, como Noruega, Alemania o Francia. Lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra legislación a la de nuestros socios.

–¿Y allí cómo está regulado?

–En Europa normalmente las legislaciones van en la línea de que si un propietario ve que le han ocupado una vivienda, llama a la policía y los echan. Normalmente no tiene ni que intervenir el sistema judicial, directamente la policía, cuando comprueba que la persona realmente está de forma ilícita, no tiene contrato que le ampare, los echa al momento. En algunos países hay multas, en otros hasta penas de cárcel, hay una serie de acciones. Algunos de estos países tuvieron su fenómeno de ocupación hace años, le hicieron frente y ahora tienen legislaciones ágiles. En cambio aquí no se está actuando y además se está atando las manos a las fuerzas de seguridad para que no actúen. Policías y jueces se encuentran con muchas trabas. Esto hay que pararlo. Pero este gobierno está completamente a favor de la ocupación, y en Cataluña, brutalmente a favor.