El camino pedregoso de Colau hasta las elecciones municipales

Queda poco más de uno año para las elecciones municipales previstas para mayo de 2023. Y hasta entonces, el camino que le queda a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no es precisamente plácido. Tiene que lidiar con dos querellas; la fiscalía investiga uno de sus proyectos estrella, la «supermanzana»; y son también cuestionadas otras medidas de gobierno como la reforma de Via Laietana o la Zona de Bajas Emisiones, anulada recientemente por el TSJC

Una de las querellas a las que Colau debe hacer frente es la de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Se investiga a la alcaldesa por malversación, prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público, por conceder de forma irregular subvenciones irregulares a entidades afines, como la plataforma de Afectados por la Hipoteca, el observatorio DESC o la Alianza contra la Pobreza Energética. En algunas de ellas, Colau no sólo colaboró, sino que también trabajó. En la querella se cifra la presunta malversación en 80 millones de euros.

Ya tuvo que declarar en los juzgados por esta cuestión. Entonces, defendió su gestión. Aseguró que estas ayudas públicas ya se daban antes de que ella entrara en el Ayuntamiento y que en cualquier caso, no las tramitaba. También explicó que el secretario general del consistorio tampoco vio nada ilegal por el hecho de que Colau se abstuviera en la votación para aprobar estas subvenciones, precisamente porque ella no intervino en su tramitación.

Pero también está pendiente de que otro juzgado de Barcelona la cite para declarar como investigada, junto con tres cargos municipales, por presuntas coacciones y prevaricación administrativa. Todo ello, después de que la Audiencia de Barcelona revocara parcialmente la decisión del juzgado de instrucción número 38 de Barcelona de sobreseer una querella presentada por el fondo Vauras Investment.

Querella que nace del llamado caso del Bloc Llavors, que estuvo okupado y finalmente fue desalojado después de varios intentos en marzo de 2020. Un lanzamiento que autorizó el juez. Pero aun así, el Ayuntamiento sancionó a la empresa con hasta seis multas que iban de los 69.000 hasta los 75.000 euros por no ofrecer un alquiler social a los okupas. El consistorio consideró que se había cometido una infracción grave de la ley de Derecho a la Vivienda. Y Vauras entendió que se le estaba coaccionando para que hiciera este ofrecimiento.

Por cierto, recientemente un juzgado contencioso administrativo de Barcelona dejó sin efecto una de estas sanciones y condenó al Consistorio a pagar las costas del juicio. En la sentencia se recordaba al ayuntamiento que la sanción es «anticonstitucional» y que además lo hizo «a sabiendas», puesto que ya existía una sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2021 que declaraba nulos los artículos en los que se basaban estas sanciones.

La oposición municipal considera que Colau no puede seguir al frente del consistorio teniendo en cuenta que «se pasa más tiempo en la Ciudad de la Justicia que trabajando por los barceloneses». Es lo que decía, por ejemplo, la líder de Valents en el Ayuntamiento de Barcelona, Eva Parera.

Pero la alcaldesa, y en este caso el equipo de gobierno, también tiene otro problema judicial que afecta a uno de sus proyectos estrella: la supermanzana del Eixample. Proyecto estrella y también polémico. La fiscalía lo está investigando después de la denuncia presentada por la plataforma Salvem Barcelona al considerar que el Ayuntamiento podría haber cometido un delito contra la ordenación del territorio al haberlo aprobado sin la modificación del Plan General Metropolitano.

Se trata de un proyecto de gran alcance que prevé cambios en las calles Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell y Girona para hacer más ejes verdes. Eso de entrada, porque la idea de Colau es que cuando esté completada toda la reforma se ganen unos 58.000 metros cuadrados para el peatón. Las obras tendrían que empezar ya en junio.

Pero desde la plataforma Salvem Barcelona consideran que estas reformas tendrán efectos muy importantes sobre la movilidad, el comercio y también la actividad residencial en el área metropolitana de Barcelona. Y además creen que es «una actuación arbitraria de la Administración» que tiene una clara intención ideológica, vulnera el interés general y se salta la jerarquía normativa.

Este proyecto de «supermanzanas» también ha sido duramente criticado por entidades como el RACC o la patronal Foment del Treball, por las graves consecuencias económicas que puede conllevar. Desde Foment estiman que, al poner más trabas de acceso a la ciudad para los vehículos, se podría perder alrededor del 20 % de la facturación del comercio y de la restauración, o lo que es lo mismo, unos 3.500 millones de euros, especialmente en el centro y en el Eixample. Y esto, a su vez, comportaría la pérdida de unos 25.000 puestos de trabajo, como mínimo.

Y desde el RACC advierten que una vez completado el proyecto, en 2030, las colas en la ciudad aumentarían hasta los 23 kilómetros, el doble que en la actualidad. Y se traduciría también en más ruido y más contaminación.

Precisamente Foment también tienen intención de llevar al TSJC otra de las reformas urbanísticas de Colau: la de via Laietana, que pretende que esté lista antes de las elecciones municipales. La patronal pide la suspensión cautelar de las obras. El objetivo es frenar unas actuaciones que Foment, como en el caso anterior, cree que colapsarán el tráfico y perjudicarán gravemente a los comercios de la zona.

Hay que recordar que la alcaldesa ya se llevó un revés judicial cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló hace unos meses la ordenanza municipal de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al considerar que faltaban «informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados». De esta forma, el tribunal estimaba seis recursos presentados por diez colectivos. Esta ordenanza, que se aprobó a finales de 2019 y entró en vigor en enero de 2020, restringía la circulación a los vehículos sin etiqueta medioambiental a considerarlos más contaminantes.

Y a todos estos problemas judiciales hay que sumar «un problema ético y estético», como decía a El Debate un concejal del Ayuntamiento de Barcelona, de la oposición, por la reciente convocatoria de plazas a la bolsa de trabajo del consistorio. Pruebas a las que se presentaron unos 8.000 aspirantes y que casualidad o no, superaron 17 cargos de confianza de los comunes y dos del PSC, partidos que actualmente gobiernan la ciudad de Barcelona. Entre ellos están Tatiana Guerrero, asesora de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales, y que se da la circunstancia también de que es la pareja del concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia. Badia, por cierto, también aspiraba a formar parte de esta bolsa de trabajo, pero tras el revuelo, decidió apartarse de la convocatoria. Además de Guerrero han superado las pruebas Elia Gran, asesora de la concejalía de Salud; David Pequeño, consejero de Barcelona en Comú en Ciutat Vella; Eduard Corbella y Pau Campderrós, en el Eixample; o Martín Berruezo, en Sants-Montjuïc. Así, hasta llegar a 17. Por parte del PSC estamos hablando de Alberto Lacasa y Marc Martínez, ambos consejeros de distrito.

La oposición pide explicaciones. En el caso de Junts ha anunciado que llevará este tema al Comité de Ética y al Síndic de Greuges, porque entre otras cosas, esta convocatoria «se ha hecho de forma extraordinaria y diferente de las que se han hecho hasta ahora».

Sin duda Ada Colau no pasa por un buen momento. El último Barómetro municipal, de diciembre, eso sí, suspendía su valoración personal. Obtenía un 4,2. A eso hay que añadir que casi la mitad del los barceloneses encuestados consideraban que la gestión municipal era mala o muy mala. Un barómetro que también ponía de relieve los principales problemas de la ciudad: inseguridad, vivienda y limpieza.

Sobre esta último cuestión, hasta el gobierno municipal vio tan mal la situación que tuvo que hacer un plan de choque que contempla una inversión de 70 millones de euros e incluso avanzó la nueva contrata de la limpieza, que se puso en marcha el 7 de marzo en cinco distritos de la ciudad y en septiembre se extenderá a otros cinco. Cambio importante, porque se ha aumentado el presupuesto de limpieza un 14% y hay 400 trabajadores más. Aunque en la última prueba de fuego a la que se vio sometida al ciudad, la Semana Santa, coincidiendo con el aumento de turistas, Barcelona no superó esta prueba.