El Govern hace oídos sordos a los tribunales y no va a cumplir la sentencia del 25 % de castellano

La sentencia del TSJC dejaba claro que el consejero de Educación, Josep González Cambray, tenía que dictar «las instrucciones procedentes a los efectos que los centros educativos de educación infantil, primaria y segundaria sostenidos con fondos públicos garanticen el derecho de todos los alumnos a recibir la educación mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en porcentajes que no pueden ser inferiores al 25 %». Y no sólo eso, la resolución judicial añadía que en los proyectos lingüísticos de los centros se debía indicar «expresamente la asignatura, el área o materia de carácter troncal o análoga no lingüística a impartir en lengua castellana en todos los grupos o clases». Y la fecha límite para cumplir es este martes, 31 de mayo.

Pero nada de eso va a cumplir la Generalitat. De entrada, porque el Govern ha aprobado un decreto-ley en el que no se fija ningún tipo de porcentaje para la educación en castellano. De hecho, en el punto D del artículo 2, sobre objetivos y criterios básicos, se deja claro: «La inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». De este modo, los centros tendrán que revisar sus proyectos lingüísticos teniendo en cuenta criterios «pedagógicos y lingüísticos», según explicaba la portavoz del Govern, Patricia Plaja. Y en el texto no se incluye en ningún momento que el castellano sea lengua «vehicular», y ni siquiera recoge en concepto de «curricular» que sí hace la ley pactada por Junts, ERC, comunes y PSC.

Unos criterios que se basan, según el decreto, en «las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística de los alumnos para conseguir los objetivos de la normalización lingüística del catalán y del aranés en el Aran, teniendo en cuenta los recursos del centro, incluidos los de carácter digital». También se dice que estos proyectos se deberán revisar en función «del conocimiento oral y escrito y del uso de las lenguas que el alumnado acredite en las diferentes etapas educativas». Una revisión, que aseguran desde el Departamento de Educación, se hará mediante pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en períodos no superiores a los dos años.

El Govern habla de «interferencias judiciales»

El decreto también contempla que sea el «departamento de Educación el que asuma toda la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos». De hecho, una vez que los centros elaboren el proyecto, será la consejería la que los «revisará» y se «modificarán» para adaptarlos al «contenido previsto legalmente». Todo ello en un período de 30 días. Y el objetivo es que en un plazo de seis meses todas las escuelas e institutos de Cataluña tengan aprobados los nuevos proyectos lingüísticos. Un plazo que va más allá del fijado por el tribunal, que ya pedía que de forma «inmediata» se pudiera traducir en los proyectos lingüísticos la sentencia.

El objetivo, según la portavoz del Govern, Patricia Plaja, es garantizar «que las interferencias judiciales motivadas por persecuciones ideológicas no afecten al buen funcionamiento de la enseñanza y no afecten al modelo de escuela catalana», ha añadido.

Desde la plataforma Escuela de Todos, dejan claro que «la desobediencia clara, frontal y explícita a las decisiones judiciales por parte de los poderes públicos es una quiebra del Estado de Derecho que debe ser reparada por todos los medios de los que se disponga y a tal fin emplazamos a todos los actores políticos a utilizar los recursos de los que disponen para conseguir la plena aplicación de la Constitución y de las sentencias de los tribunales». También dejan claro que «El día 1 de junio, si las instrucciones enviadas a los centros no cumplen con lo exigido por la sentencia, la Asamblea por una Escuela Bilingüe presentará escrito ante TSJC denunciando la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata».

El PSC, por otro lado, denuncia que el decreto no cumpla la sentencia del TSJC, es más, según la portavoz de los socialistas, Alicia Romero, «desafía a los tribunales». Y lamenta que la norma «no recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso» de socialistas, ERC, Junts y Comunes con la proposición de ley sobre el catalán en la escuela. También critica que no se mencione el uso curricular del castellano, a diferencia de la ley impulsada por los grupos de la cámara. Precisamente el trámite parlamentario de esta ley está paralizado porque VOX, PP y Ciudadanos pidieron un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la legalidad de esta ley. Gracias a esta jugada se ha impedido que la norma entre en vigor antes de que acabe el plazo fijado por el TSJC para cumplir la sentencia.