Las entidades a favor del bilingüismo piden la ejecución inmediata de la sentencia del 25 % y que se investigue a Cambray por «incumplirla»

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue penalmente al consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, por haber incumplido la sentencia que obliga al Govern a aplicar el 25 % de castellano en todos los centros educativos de Cataluña. La entidad entiende que las instrucciones que ha enviado el Departamento a los colegios e institutos no dan cumplimiento a la ejecución de la sentencia.

En el escrito que ha presentado la AEB se pide al TSJC que declare que el consejero no ha cumplido con el auto de ejecución de la sentencia, y a partir de ahí deduzca testimonio de particulares para exigir su responsabilidad penal. También que le requiera personalmente para que dicte las instrucciones necesarias y que, esta vez sí, se cumpla la resolución judicial. Esto es, que al menos un 25 % de las clases se den en castellano, siempre con una asignatura troncal o análoga que no sea propiamente la asignatura de español. La AEB solicita que se multe a González-Cambray con 1.500 euros diarios hasta que se compruebe que se aplica la sentencia en el sistema educativo catalán.

Pero la AEB no sólo apunta al consejero de Educación, también a los directores. Por este motivo ha pedido al TSJC que se les requiera «directamente» para que cumplan con el 25 % de castellano y que les advierta de las «consecuencias penales» que les puede acarrear si no cumplen el requerimiento.

La entidad, además, interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones y el cuestionario que la consejería de Educación envió este lunes a los centros. Según José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y asesor legal de la AEB, son «incompletas, anticonstitucionales y no reconocen que las dos lenguas deben ser vehiculares».

En el cuestionario, por ejemplo, se preguntaba si el proyecto prevé que el catalán, como «lengua propia de Cataluña» es la normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje; si es el catalán la lengua de acogida de los nuevos alumnos; si contempla el uso curricular y educativo del castellano y del catalán; si el proyecto contempla criterios pedagógicos y desde un abordaje «global, integrador y de transversalidad curricular para determinar la presencia de las lenguas oficiales» o si el proyecto lingüístico «evita el uso de porcentajes» en la enseñanza y uso de las lenguas.

Denuncia a González-Cambray

Por otro lado, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han presentado una denuncia ante el TSJC contra Josep González-Cambray y otros funcionarios de la consejería de Educación por los delitos de desobediencia a los tribunales y por prevaricación. Desde estas entidades dejan claro que el consejero «ha tenido en todo momento una clara voluntad incumplidora y ha utilizado todo tipo de estratagemas para cumplir la Sentencia y seguir aplicando la inmersión lingüística obligatoria». Y una de las pruebas que aportan es el cuestionario a los centros. Hay que recordar que, si las escuelas respondían que 'no' a la pregunta sobre si sus proyectos lingüísticos contemplan porcentajes, se anula el proyecto, lo que para las entidades «impide de manera directa que se cumpla la Sentencia y que el castellano no sea tratado como una lengua extranjera».

También Ciudadanos ha denunciado ante la Fiscalía del TSJC al consejero de Educación por «coaccionar y amenazar» a los padres de los alumnos. Y no es la única acción. Llevarán junto a PP y Vox el decreto del Govern al Consejo de Garantías Estatutarias; también la formación naranja y PP llevarán al TC la ley pactada entre ERC, Junts, PSC y comunes que está previsto que se apruebe el próximo miércoles en el Parlament.