«A la Generalitat le importa más nuestro nivel de catalán que el de la enseñanza universitaria»

A la Generalitat no le gusta hablar de porcentajes en el uso de las lenguas cuando se trata de educación Primaria y Secundaria. Y así se lo ha hecho saber al propio TSJC cuando le presentó el decreto aprobado por el Govern que recogía la «inaplicabilidad» de los porcentajes en la enseñanza de lenguas. Todo ello para no cumplir con la sentencia que le obliga a que al menos un 25 % de las clases se den en castellano.

En cambio, no duda en tirar de porcentajes cuando se trata de la universidad. En este caso, el objetivo es claro: se quiere conseguir que el 80 % de las asignaturas se den en catalán. Para ello, la consejería de Universidades que dirige Gemma Geis ha presentado un plan, dotado con 4,5 millones de euros, para fomentar el uso del catalán en la enseñanza superior, que, entre otras cuestiones, exige para los profesores que acrediten el nivel C1 de esta lengua.

«Yo soy catalán. Me he sacado la carrera aquí, y se supone que ya tengo ese nivel. Pero, aun así, ¿De verdad se nos está exigiendo que tengamos un nivel casi de un filólogo cuando yo me dedico a enseñar derecho? ¿Qué importa más a la consejería, mi nivel de catalán, o el nivel de enseñanza que transmita yo a mis alumnos?». Es la reflexión que hacía un profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB), que también lamentaba que con políticas así, lo único que se consigue es poner las cosas más difíciles para que vengan a las universidades catalanas docentes del resto de España o del extranjero y que pueden «suponer un plus para nuestros centros». «¿Qué sentido tiene eso?», resume.

Lo cierto es que desde la consejería de Universidades justifican el plan por la «delicada» situación en la que se encuentra el catalán, con un claro retroceso en el uso social, según diferentes estudios que ha hecho públicos la Generalitat. En cualquier caso, hasta ahora, para hacer docencia, los profesores tenían que acreditar «un nivel suficiente de catalán», según un decreto de 2010. Con el nuevo plan los profesores deberán hacerlo por la vía oficial, y no como hasta ahora en que las propias universidades podían conceder la acreditación con pruebas propias.

Están afectados los funcionarios y los docentes contratados durante más de dos años, de las universidades públicas y privadas. Tendrán dos años para conseguir acreditar este nivel, y para ello se pondrá a su disposición cursos gratuitos. No será necesario el C1 para los investigadores, la figura del profesorado visitante o los que den sus materias en otras lenguas. Hay que tener en cuenta que la Generalitat tiene intención de exigir a los profesores de Educación Secundaria un nivel incluso superior de catalán, el C2 a partir de 2024.

El plan de la Generalitat

La consejería de Universidades, con la colaboración de los rectores, empezó hace unos meses su campaña de presión a los profesores asociados. Algunos de ellos recibieron un e-mail en el que se decía que tenían que «acreditar el conocimiento de la lengua catalana, para evidenciar que es competente en las dos lenguas oficiales. Ésta es la única manera de garantizar el respeto por los derechos lingüísticos de los estudiantes», se decía en el texto. Y, es más, en el mensaje se advertía que «no podrá continuar como docente en la UB en el curso 2023-2024 si no ha aportado la acreditación que requiere la normativa aplicable». Tienen nueve meses para poder hacerlo.

Este plan de la Generalitat insiste en mantener las delaciones, que alumnos o incluso profesores puedan denunciar a otros docentes si cambian al castellano en la clase. La Consejería de Universidades ya anunció que desde este curso que está a punto de acabar, los centros tenían que hacer un informe semestral en el que se recogieran las incidencias que pudiera haber sobre cambios en la lengua de las asignaturas, las causas, y también el seguimiento y la respuesta que se da por parte del centro universitario. Pero lo cierto, y según datos de la consejería, es que desde inicio de curso se han presentado 64 quejas, que representan un 0,1 % de la oferta de asignaturas de grados y másteres en el conjunto del sistema universitario catalán.

El plan también contempla una especie de «Erasmus de los territorios de habla catalana», un programa de intercambio de estudiantes, que se llamará Joan Fuster y del que formarán parte las 22 universidades que se encuentran en la Xarxa Vives de Universitats. Se pondrá en marcha el segundo semestre de 2023. Y, por otro lado, se ampliará la gratuidad de los cursos de nivel inicial pensando en los estudiantes extranjeros.

Recordemos que la Universidad de Barcelona utilizará el próximo curso traducción simultánea para los alumnos que no entiendan el catalán. El objetivo es que los profesores no se pasen al castellano en sus clases, aunque haya alumnos del resto de España o extranjeros. Algunos profesores han recibido correos electrónicos en los que les animan a participar en esta prueba piloto que tiene como objetivo «evitar las peticiones de cambio de lengua de la docencia que se produce cuando hay algún alumno que no entiende el idioma» y que no se vean afectados «los derechos lingüísticos» de los alumnos.