Sin noticias sobre la comisión de investigación por el caso 'Pegasus' en el Parlament

Ante la «gravedad» del caso Pegasus, el caso de espionaje a los teléfonos móviles de dirigentes y líderes independentistas, Junts, ERC, la CUP y los Comunes decidieron impulsar la creación de una comisión de investigación para aclarar esta cuestión, porque el Parlament no se podía quedar «impasible» ante estos hechos que «atentan contra derechos fundamentales». Y por la vía de urgencia la Mesa de la cámara catalana dio luz verde a su tramitación a principios de mayo.

Pero lo que hace dos meses era una urgencia, ahora parece que no tanto, y es que todavía esta comisión de investigación no ha empezado a rodar. Desde la CUP recuerdan que hace más de un mes su grupo parlamentario presentó un plan de trabajo para el funcionamiento de la comisión, pero los antisistema acusan a ERC y a Junts de «bloquearla». «No lo entendemos y les pedimos explicaciones, porque sobre la mesa sólo hay excusas de mal pagador», decía la diputada de la CUP Laia Estrada. Y las excusas que dan junteros y republicanos es que no se ponen de acuerdo en la persona que tiene que presidir este organismo.

Una explicación que, evidentemente, no convence a la CUP, pero tampoco el resto de grupos parlamentarios que incluso dan otra versión. «Simplemente no les interesa», decían a El Debate diputados de los grupos constitucionalistas. Y es que consideran que este caso, el 'Catalangate' se ha ido desinflando y «no acaban de cuadrar» algunas de las acusaciones que aparecían en el informe de CitizenLab, de la Universidad de Toronto, del que partió precisamente este caso, «uno de los más graves de la democracia», decían desde el gobierno de la Generalitat.

Las pesquisas del 'Catalangate'

«¿Realmente quieren ir hasta el final?» preguntaban estos diputados. «Entonces, ¿están dispuestos a que comparezca Elies Campo o van a vetar su comparecencia?», precisaban. Y es que, si hacen lo primero, «les puede salir el tiro por la culata»; y si optan por lo segundo, «demostrarán que lo de aclarar las cosas y lo de la transparencia no iba con ellos». Elies Campo coordinó el trabajo de campo de este informe, del 'Catalangate'. De entrada, no tenía experiencia previa en investigación, falseó su currículo y no estaba afiliado a CitizenLab. Pero se da la circunstancia de que Campo es sospechoso de colaborar en la creación de Tsunami Democràtic, la plataforma que sirvió para coordinar protestas, como bloqueos en carreteras o el aeropuerto de Barcelona, además de provocar otros disturbios en Cataluña.

Y también se preguntan si van a permitir que comparezca Ronald Deibert, fundador de CitizenLab. Y es que son ya varios los estudios que cuestionan la metodología y el poco rigor del 'Catalangate'. Sin ir más lejos, y tal como adelantaba El Debate, un estudio de Jonathan Scott, un investigador de la Northcentral University de Estados Unidos titulado Destapando Citizen Lab, una revisión analítica y técnica, desaprobando el Catalangate, revela que el trabajo de CitizenLab es un documento poco solvente y con contradicciones éticas. Entre otras cosas, se asegura, que en el 55 % de los casos no se puede establecer que Pegasus infectara los teléfonos de los independentistas ni cuándo. Scott pone de manifiesto que estudios independientes revelan que el 88,9 % de los casos que se creen afectados por Pegasus son falsos positivos.

En cualquier caso, la propuesta presentada por Junts, ERC los comunes y la CUP decía que el objetivo de la comisión era conocer los detalles «sobre las intromisiones llevadas a cabo sobre representantes políticos y la sociedad civil catalana a través del spyware Pegasus y Candiru por parte del Reino de España, bien a través del CNI o de otros organismos públicos». Y en concreto, quería saber las estructuras orgánicas y técnicas adscritas a los Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Presidencia, Economía y Justicia «que hayan participado, de manera directa o indirecta, en la monitorización y control de los afectados y aclarar el alcance temporal», así como conocer los mandos que han tomado las decisiones y su motivación.

La comisión, que prevé tener un año de vigencia, durante el que redactará un informe, pretende exigir responsables políticas o judiciales que correspondan, además de proponer una regulación normativa que «salvaguarde los derechos de los ciudadanos ante las acciones llevadas a cabo por parte de instituciones públicas en términos de defensa nacional».

Está previsto que puedan comparecer políticos, altos cargos de la Administración General del Estado, o especialistas. Pero de momento, la comisión de investigación se deja, como mínimo, para después de las vacaciones de verano. Ahora no hay prisa