Las mafias que se dedican a la ocupación ilegal se especializan: ahora van a por los pisos que «heredan» las administraciones

«Las mafias tienen fuentes de información pública y no pública. Hacen seguimiento de viviendas y se equivocan poco. Y es que cada vez el negocio está siendo más lucrativo, ganan más dinero». Es lo que explica a El Debate el abogado especialista en ocupaciones, José María Español. Un negocio que da cada vez más beneficios, y de ahí también que se estén especializando aún más las mafias que se dedican a las ocupaciones ilegales. Mafias que 'leen' el BOE, el DOGC o incluso el Boletín de la Provincia para hacer un seguimiento de aquellos inmuebles de los que no constan herederos, y que van a parar a las administraciones. Unas administraciones, que como dice Español, tienen que hacer pública sí o sí esta información.

Además, dice, las mafias se aprovechan de otra cuestión. Y es que la Generalitat «no adquiere la propiedad de forma automática. Lleva un proceso», explica el abogado. Pasan unos meses hasta que eso se pueda concretar. Y «la Generalitat no es una empresa privada o un particular que en seguida se va a dar cuenta de que le han ocupado la vivienda». Entonces, ¿quién presenta la denuncia? De ahí que José María Español crea necesario una reforma de la legislación para que las comunidades de propietarios puedan presentar demandas contra estos okupas.

Colau y los 'okupas'

Estos pisos que 'hereda' la administración, dice el abogado, son «blancos fáciles», y se «ocupan fácilmente». En la misma línea se pronuncia Toni Miranda, presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación. También señala que este fenómeno «está generando mucho dinero, y por eso las mafias evolucionan más y a una velocidad increíble». Y recuerda que algunas administraciones son en cierta manera «cómplices» de estos okupas. «La alcaldesa de Barcelona ha entregado a las organizaciones que respaldan la ocupación millones. Cómo no van a tener equipos de abogados, tienen cantidad de gente, y tienen la información desde las propias instituciones. Porque el problema de la ocupación no es un problema de vulnerables. Es un problema político», dice Miranda.

José María Español explica que ya van quedando menos pisos por ocupar, y de ahí que las mafias tengan también en el punto de mira a los que son propiedad de las administraciones públicas. «La Generalitat paga las consecuencias de una política legislativa nefasta en materia de ocupación», apunta el abogado, quien también destaca que lo peor no es eso, sino que el verdadero «drama es que una mala ley autonómica provoca que familias que han seguido todos los trámites legales para conseguir una vivienda social tienen que esperar a que la Generalitat eche a los okupas para poder acceder a ella».

Y es que estos inmuebles de los que no constan herederos, por ley, se tienen que destinar a vivienda social o a entidades sociales. Otro dato a tener en cuenta es que la Agencia de l'Habitatge de Cataluña cifra en 1.028 el número de inmuebles que son de su propiedad y que han sido ocupados de forma ilegal. Eso supone aproximadamente un 4,5 %. Una cifra que ha ido en aumento desde el 2017. Ese año se ocuparon 72 viviendas de la Agencia; en 2019, por ejemplo, 231 y en 2020, algo menos, 222 pisos se okuparon. Pisos, en cualquier caso, que deberían ir destinados a familias vulnerables y se tienen que esperar a que sean desalojados.

Toni Miranda dice que tras esta situación hay muchos perjudicados: «los propietarios, los vecinos, por los problemas de convivencia, y aquellas personas vulnerables que están a la espera de recibir una vivienda social». Y mientras tanto, la Generalitat, dice, está «poniendo por delante a los okupas». El problema, añade, es que la ocupación forma parte de la ideología de muchas administraciones, que la toleran. Y se acaban olvidando de hacer «una política social de vivienda, no se hace vivienda pública» y es entonces cuando «el coste de no hacer esa política se traslada al sector privado, a los propietarios».

10.000 o 20.000 euros para echarlos

En cualquier caso, una vez ocupada la vivienda, la administración, como cualquier otro propietario, no tiene fácil echar a los okupas. Dice Español que sí «tienen un proceso relativamente más rápido dentro del ámbito civil, y además tiene la vía penal y administrativa. Pero no evita que tenga que ir a los tribunales y encontrarse con los mismos problemas que los grandes tenedores de vivienda, los pequeños propietarios o las personas físicas a las que le han ocupado un piso». Unos afectados que a menudo, recuerda el abogado, optan por pagar, y cada vez más cantidades, para que se vayan los okupas, antes que tener que esperar 12-18 meses en un proceso civil. Y ahí es donde está el negocio. Según han explicado a El Debate, si hasta ahora se pedían 3.000, 4.000 o 5.000 euros por irse, ahora se están pagando 10.000 o incluso 20.000 euros. Por todo ello, José María Español lamenta que estas mafias «se aprovechen de la miseria. Y es una pena que la única cosa que hace la administración es agravar aún más la situación».

Situación que en Cataluña es especialmente complicada, teniendo en cuenta que de cada dos ocupaciones ilegales que se producen en España, prácticamente una se da en esta comunidad autónoma. En Cataluña, la ley de vivienda, que entró en vigor en marzo, contempla, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social a aquellas familias que acrediten una situación de vulnerabilidad, aunque hayan ocupado la vivienda de forma ilegal. Eso sí, para las ocupaciones anteriores a junio de 2021.