Anna Gabriel, de anticapitalista a dirigir un sindicato en Suiza con sueldo de cien mil euros

«Después de cuatro años y medio de exilio, hoy se produce un paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que no debería haber perdido nunca». Así justificaba la exdiputada de la CUP Anna Gabriel haberse presentado por sorpresa en el TS para ponerse a disposición del juez Pablo Llarena.

Todo ello después de que en 2018 huyera de la justicia y se fuera a Suiza, al ser investigada por desobediencia por su participación en el proceso independentista de 2017 en Cataluña. Y es que, entonces, Gabriel era la portavoz del grupo parlamentario de la CUP, que tuvo un papel decisivo para que la mayoría independentista en la cámara catalana tramitase y aprobase las llamadas leyes de desconexión, que se debatieron el 6 y 7 de septiembre de 2017. Leyes en las que se amparó el Gobierno de la Generalitat para convocar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo cierto es que sobre Gabriel no pesaba ninguna acusación que comportara penas de prisión, pero, aun así, decidió marcharse a Suiza.

Ella consiguió el permiso de residencia y trabajó en 2019 por un período de cinco años. Llegó a asegurar que estaba dispuesta a pedir asilo político en el país helvético si España solicitaba su extradición. Y aseguró, en un primer momento, que tenía intención de dar clases, teniendo en cuenta que había sido profesora de derecho en la Universidad de Barcelona. No ejerció como docente, pero sí como abogada laboralista en el sindicato UNIA, del que es ahora secretaria general en el cantón de Ginebra.

Logró acceder al cargo después de conseguir «una gran mayoría» de votos en la asamblea de delegados regionales del sindicato. Un sindicato que agrupa a trabajadores del sector servicios y es el más grande de la confederación helvética con más de 200.000 afiliados, de los que 13.000 están bajo la dirección de Gabriel. Grande respecto al número de afiliados, pero también en cuanto a recursos, ya que posee unos activos valorados en unos 780 millones de euros. Y al ponerse al frente de la organización, Anna Gabriel, una ferviente defensora del anticapitalismo, pasó a cobrar unos cien mil euros anuales.

«Soy alguien que lleva el rojo en el corazón», aseguró tras ser elegida secretaria general de UNIA. La exdiputada de la CUP, de hecho, continuará viviendo en Ginebra «en coherencia con una serie de responsabilidades profesionales y personales adquiridas».

Poco después de llegar a Suiza, Gabriel aseguró en una entrevista que había decidido huir al país helvético porque en España no iba a tener «un proceso justo». También su abogado, Oliver Peter, compartía esta visión y aseguraba que los miembros del TS «son cercanos al poder y no ofrecen ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad». Pero cuatro años después, y por sorpresa, ella decidió presentarse ante el juez Pablo Llarena, que la citará para ser interrogada próximamente. El magistrado la obliga a designar un domicilio y un teléfono para que pueda ser localizada y comparezca en el Supremo tantas veces como se la cite.