La prófuga catalana Anna Gabriel comparece ante el magistrado Llarena para regularizar su situación

Apenas unos días después de que el Gobierno allanase la situación de los prófugos del 'procés' al tomar el control del Poder Judicial, Anna Gabriel Sabaté, diputada del Parlamento de Cataluña por la CUP, hasta su destitución el 28 de octubre de 2017 –por la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española a la autonomía– ha comparecido hoy voluntariamente, y por sorpresa, ante el Tribunal Supremo, acompañada de su nuevo abogado Iñigo Iruín Sanz.

Gabriel fue procesada en marzo de 2018 con ocasión del procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo por su posible implicación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña, pero huyó a Suiza antes de que el juez instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, pudiese notificarle su imputación. Fue, por lo tanto, declarada en rebeldía procesal en un auto dictado el 9 de julio de 2018.

Este martes, la procesada ha comparecido con la finalidad de ponerse a disposición del Alto Tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía, como investigada por un presunto delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal. Su salida de España fue, cuando menos, chocante ya que contra ella nunca ha existido una orden europea o internacional de detención puesto que el delito que se le atribuye no lleva aparejada pena privativa de libertad, sino pena de multa de hasta doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta dos años de duración.

Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del Supremo para tomársele declaración, ante la imposibilidad legal de continuar el procedimiento contra ella sin haber practicado una previa declaración indagatoria. Por ello, y según han confirmado a El Debate fuentes próximas al Tribunal, la primera decisión del magistrado Instructor tras su entrega ha sido citarla para ser interrogada próximamente, ante el resto de las partes personadas en el procedimiento. Hasta entonces, quedará en libertad.

Libertad provisional

En el auto del magistrado del Supremo, el juez Llarena expone que «considerando que la orden de detención de la investigada se dictó por su incomparecencia al llamamiento judicial» para que declarara, el estado en el que se encuentra la presente causa y que la pena para el delito de desobediencia –tipificado en el artículo 410 del Código Penal– es de multa e inhabilitación para cargo público durante dos años, así como que Anna Gabriel se ha puesto a disposición del Alto Tribunal, «procede dejar sin efecto la declaración de rebeldía» y también la orden de busca, detención y presentación acordadas en su momento contra ella.

No obstante, el auto del juez Llarena que acuerda la libertad provisional para la procesada establece como obligaciones a Gabriel que comparezca ante el Supremo cuantas veces sea llamada, y que se le asigne un domicilio y un teléfono donde pueda ser localizada con carácter inmediato. En este sentido, se apunta que «cualquier incumplimiento» de tales obligaciones «conllevaría la modificación de su situación personal».