Cataluña
Juicio a Colau por las oposiciones para colocar a altos cargos municipales y afines a su partido
Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite un recurso de la asociación Llibertats contra estos procedimientos de selección de personal y fija el juicio para 2025
Una de cal y otra de arena para la alcaldesa de Barcelona. Si hace unas semanas el juzgado de Instrucción 21 de Barcelona archivaba la causa que la investigaba por subvenciones del Ayuntamiento a entidades sociales afines, ahora la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona ha admitido un recurso interpuesto por la asociación de juristas catalanes Llibertats contra varios procesos selectivos impulsados por el Ayuntamiento. Procesos a los que se presentaron personal de confianza de Ada Colau y otros cargos afines a los comunes. En total, 17 personas. La magistrada ha fijado el juicio para el 2 de abril de 2025. El ayuntamiento deberá aportar el expediente administrativo quince días antes de la celebración de la vista.
Llibertats presentó la demanda en mayo por la convocatoria de ampliación de bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona y las bases que rigen esta convocatoria, al entender «que el significativo número de miembros del consistorio municipal presentados (…) podría vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la función pública y perjudicar los derechos y oportunidades de otros aspirantes». De momento, la magistrada ha fijado fecha para el juicio, para el 2 de abril de 2025 y también ha suspendido de forma cautelar la convocatoria, «limitada a la participación en el proceso selectivo de los cargos políticos y asesores del Ayuntamiento de Barcelona citados en la demanda, mientras se llevan a cabo las pruebas solicitadas para evaluar la legalidad de la convocatoria».
Desde Llibertats también se consideraba que se había quebrantado el régimen de incompatibilidades de los miembros de la Comisión de Selección. Y es que esta comisión estaba formada a su vez, por otros altos cargos que «deben su cargo a personas a las que se ha dado acceso a la bolsa de trabajo municipal». La entidad pone como ejemplo a Eloi Badia, miembro del Gobierno municipal, pero también «a Ancor Mesa, consejero de Distrito en Sants-Montjuïc o el comisionado de Diálogo Intercultural Khalid Ghali».
La asociación deja claro que «confiamos plenamente en la justicia y en que la resolución de las medidas cautelares solicitadas no suponga una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre dado lo dilatado en el tiempo de las fechas asignadas para la resolución de este recurso». También denuncia que lo que buscaban estos altos cargos era «una plaza ante la proximidad de las elecciones y la incertidumbre del resultado».
Lo cierto es que el propio Badia, que finalmente renunció a las oposiciones, tras participar en ellas y aprobarlas, reconoció que se había presentado «pensando en un plan B o C laboral», para cuando dejara de ser concejal y para «demostrar que no hay ninguna puerta giratoria ni tráfico de influencias». Badia aspiraba a ser ingeniero municipal. Pero además del posible «conflicto de intereses», podría vulnerar el artículo 178.2.b de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esto es, la incompatibilidad para que un concejal que está en activo oposite a una plaza de funcionario de su propio Ayuntamiento. Y es que como también decíamos, técnicos municipales formaban parte del tribunal que evaluó a estos altos cargos o a personas de confianza de la alcaldesa.
Unos 16.000 aspirantes se inscribieron al proceso selectivo, aunque se acabaron presentado la mitad. Y de ellos, aprobaron más de 5.000, entre ellos, las 17 personas vinculadas a los comunes, como Tatiana Guerrero, asesora de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales, que se da la circunstancia también de que es la pareja del concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia. Badia, que también se presentó.
Además de Guerrero participaron en las pruebas Elia Gran, asesora de la concejalía de Salud; David Pequeño, consejero de Barcelona en Comú en Ciutat Vella; Eduard Corbella y Pau Campderrós, en el Eixample; o Martina Berruezo, en Sants-Montjuïc; Alvaro Pombo, Comisionado de Economía Social; Roger Clot, asesor de la Segunda Tenencia de Alcaldía; Carolina Recio, jefa de Gabinete de la concejala de Salud; Elisa Miralles, asesora del concejal de Presidencia; Sandra Salvador, asesora de la concejalía de Derechos de Ciudadanía; Adriana Partal, y Olga Pérez y Sergi Santiago Cañero, los tres asesores de la Dirección de Alcaldía; Judith Calàbria, consejera técnica de Gracia y Elena Tarifa, consejera de Barcelona en Comú en Horta Guinardó y Ancor Mesa. Por parte del PSC también se presentaron Alberto Lacasa y Marc Martínez, ambos consejeros de distrito.