El acoso flagrante al español que los eurodiputados deben conocer

El Parlamento Europeo acaba de aprobar que se envíe una misión a Cataluña para investigar la discriminación del español en las escuelas de esta comunidad autónoma. La misión se llevará a cabo en el segundo semestre del próximo año y responde a las peticiones que ha hecho en los últimos años la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha trasladado a Europa con informes o con testimonios la exclusión del castellano. Desde la AEB dicen que, de este modo, los europarlamentarios podrán comprobar de primera mano qué pasa en el sistema educativo catalán. ¿Y qué es lo que se pueden encontrar?

Comunicaciones solo en catalán

De entrada, podrán comprobar que todas las comunicaciones en el centro están en catalán: comunicados, avisos o cartelería, ya sea en papel como a través de las redes sociales. Y no sólo las comunicaciones internas, sino también las que se envían a los padres. De hecho, sólo un 2,3 % de las escuelas envía estas comunicaciones en las dos lenguas oficiales, es decir, tanto en castellano como en catalán. También el catalán es la lengua habitual de uso en los centros, fuera del aula, como así lo demuestra que el 98,5 % de las escuelas, según un análisis de la AEB vete el uso del castellano oralmente en espacios como pasillos, el patio o el comedor. Al menos, esto es lo que recogen los proyectos lingüísticos de los centros, que, si así lo piden los eurodiputados, podrán ser examinados.

¿Y qué es lo que los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC)? Antes de entrar en vigor la nueva normativa aprobada in extremis para no tener que aplicar la sentencia del 25 % de castellano, la AEB analizó los proyectos de 2.214 centros de enseñanza públicos y concertado. De estos, sólo 126 impartían una asignatura NO lingüística en castellano; el 7,7 % de centros de Educación Infantil y de Primaria daban otra asignatura en español, además propiamente de la de lengua castellana. Solo 25 centros impartían en castellano asignaturas troncales en algún trimestre del centro escolar. Y en el caso de ESO y Bachillerato, solo un centro impartía asignaturas NO lingüísticas en castellano. Y otro dato a tener en cuenta: ninguno de los PLC de estos más de dos mil centros analizados, cumplía con el mínimo del 25 % de castellano, que es lo que establecía el TSJC en su sentencia.

Otra cuestión a tener en cuenta es que, en infantil, como no hay propiamente asignaturas, los alumnos apenas tienen contacto con el español. De hecho, en esta etapa no hay asignadas horas de español; en primaria se dan dos horas a la semana y en secundaria tres, que corresponden a la Lengua y Literatura castellana.

Familias acosadas

Pero está previsto que los parlamentarios europeos no sólo visiten centros, sino que se entrevisten con familias afectadas. Familias como la de Rocío, la niña de Terrassa que fue agredida por su profesora por pintar una bandera de España en el libro de final de curso. Esta agresión destapó un juego que se hacía en el centro, en el que participaba toda la primaria, y que tenía como objetivo fomentar el uso del catalán. ¿Y en qué consistía? La base eran unas bolas. Cada clase tenía un número de bolas. Se las daban un lunes y el viernes pasaba la coordinadora de estudio y una profesora, que habitualmente era la agresora de la niña y les preguntaban a los niños: ¿cómo os habéis portado? ¿Alguno ha hablado castellano en el patio, en el pasillo? Y dependiendo de los alumnos que reconocían haber usado el español, se les retiraba una cantidad de bolas. Estas bolas se acumulaban en un tubo que se encontraba al lado de la puerta de la dirección del centro. Si el tubo no se llenaba de bolas, significaba que los niños lo hacían mal y el cole les decía que se iban a quedar sin fiesta o sin excursión de final de curso. Por lo tanto, el mensaje que se transmitía era que portarse bien era hablar siempre el catalán y ganar bolas. El juego duró al menos dos años, hasta que se conoció la agresión y se cortó de raíz.

O se pueden entrevistar con padres como Jordi, de El Prat. En su casa tiene un hijo con necesidades especiales. Y a pesar de que tiene varios informes de psicopedagogos y de otros especialistas que recomiendan que al niño le den clase en su lengua materna, el centro siempre le ha dicho que no. Hasta que recurrió a la justicia, y le concedieron el 25 % de castellano. Pero por pedir ese derecho, también muchas familias se enfrentan al señalamiento y al acoso. El caso más reciente es el de la familia de Canet, que fue linchada en redes sociales. Pero Ana Moreno, de Balaguer, tuvo que cambiar a sus hijos de colegio y también tuvo que cerrar su negocio ante la presión de los vecinos. dejaron de invitar a sus hijos a los cumpleaños, la excluyeron de los grupos de WhatsApp y le montaron una manifestación a la puerta del colegio.

Normativa para no cumplir la sentencia

Además, los eurodiputados podrán analizar la normativa que se aprobó in extremis para evitar que se aplicara la sentencia del 25 % de castellano. Se trata del decreto del Govern por el que se fijan los criterios para la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y también de la ley del Parlament sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. Normativas que impiden que se aplique ese 25 %, entre otras cosas, porque el decreto recoge «prohibir expresamente la aplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».

También podrán echar un vistazo a las instrucciones que el departamento de Educación envió a principio de curso a los centros educativos. En ellas se deja claro que el catalán, además de lengua de aprendizaje, es la lengua de la institución, y por este motivo, «la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general». En este sentido, se precisa que «las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actas, informes...), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación, la interacción entre docentes y alumnos, las actividades de formación del profesorado, las actividades extraescolares o el comedor». También se establece la figura del coordinador lingüístico, cada centro deberá tener uno, y que tendrá como misión que se cumpla en la escuela la inmersión lingüística.

Fuera de las escuelas

Todo esto es lo que se encontrarán en los centros educativos y en el sistema educativo catalán, que es lo que van a investigar los eurodiputados. Pero también por la calle se encontrarán que las indicaciones de las calles están en catalán. Y en el caso de los establecimientos, de los comercios o restaurantes, los rótulos tienen que estar al menos en catalán, así como otro tipo de documentación que tengan. También los menús. En caso contrario se exponen a recibir una multa. Es el caso que hemos conocido recientemente, y que avanzaba Crónica Global. Un bar de Reus ha recibido un requerimiento de la consejería de Empresa advirtiéndole de que puede ser sancionado con 20 mil euros por no atender en catalán a unos clientes. Al parecer, fueron atendidos por un camarero de origen sudamericano y que todavía no domina en catalán. De hecho, últimamente están proliferando este tipo de denuncias gracias a entidades como Plataforma per la Llengua, que insta a la delación de comercios.

Y no sólo de comercios. También se insta a denunciar a aquellos profesores universitarios que utilicen el castellano en sus clases. En este ámbito, el de la universidad, es donde la Generalitat ha puesto su punto de mira para potenciar aún más el uso del catalán. Uno de los objetivos, suscrito también por los rectores de las universidades públicas, es que se den el 80% de las clases de grado en catalán.

Una Generalitat que excluye al español de las webs oficiales. En la mayoría de sus webs los contenidos están sólo en catalán, o como mucho, como es el caso de la del Parlament se ofrece la opción del Google Translate. Pero, además, los trámites para pedir ayudas a personas dependientes, pensiones no contributivas, la renta mínima garantizada y otras prestaciones sociales básicas están sólo en catalán.