El Govern aprueba un decreto para fijar la «inaplicación» de porcentajes en la enseñanza de las lenguas

«Mañana todos los centros tendrán instrucciones claras y total cobertura jurídica». Es lo que asegura la portavoz del Govern, Patricia Plaja, quien ha presentado el decreto-ley aprobado hoy por el gobierno catalán y que tiene como objetivo «dar respuesta a la sentencia» del TSJC que obliga a que al menos un 25% de las clases sean en castellano y «proteger el modelo de escuela catalana». Un decreto que, entre otras cosas, define explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza. Hay que tener en cuenta que este martes acaba el plazo que dio el TSJC al consejero de Educación para que enviara las instrucciones a los centros para cumplir la sentencia.

El decreto también contempla que sea el «departamento de Educación el que asuma toda la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos». De hecho, una vez que los centros elaboren el proyecto, será la consejería la que los «revisará» y se «modificarán» para adaptarlos al «contenido previsto legalmente». Todo ello en un período de 30 días. Y el objetivo es que en un plazo de seis meses todas las escuelas e institutos de Cataluña tengan aprobados los nuevos proyectos lingüísticos.

Está previsto que este decreto ley se publique en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) entre esta noche y mañana. Hasta entonces, no se conocerá exactamente su contenido, pero la portavoz del Govern ha avanzado que se fijan algunos criterios «claros» que deberán tener en cuenta los centros a la hora de elaborar sus proyectos lingüísticos. Criterios que hacen referencia al entorno sociolingüístico de los centros; que se cumplan los objetivos de la normalización lingüística del catalán y del aranès en el caso de la Vall d'Aràn (Lérida); el respeto a la diversidad cultural y lingüística del alumnado, y que se consigan los niveles de conocimiento de las lenguas, esto es, el «dominio» oral y escrito del castellano y del catalán al final de la enseñanza obligatoria. Para ello se harán pruebas y evaluaciones periódicas.

Este decreto-ley es complementario a la nueva ley del catalán que está tramitando el Parlament y que han pactado PSC, ERC, Junts y Comunes. Trámite que ahora está paralizado porque VOX, PP y Ciudadanos pidieron un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la legalidad de esta ley. Gracias a este jugada se ha impedido que la norma entre en vigor antes de que acabe el plazo fijado por el TSJC para cumplir la sentencia. Una ley, recordemos, que tampoco fija porcentajes y que mantiene al catalán como lengua «vehicular» y al español como «curricular».

Por cierto, el PSC considera que el decreto aprobado pro el Govern es «una improvisación, fruto del nerviosismo, que pretende esquivar la sentencia del TSJC». Así lo ha asegurado la viceprimera secretaria de Organización de los socialistas, Lluïsa Moret, quien ha dejado claro que si el objetivo es «incumplir la sentencia, no lo apoyaremos». En cambio, defiende la ley impulsada por las cuatro formaciones porque «tiene la voluntad» de acabar con los pronunciamientos judiciales sobre la lengua.