La nueva ley de lenguas oficiales de la Generalitat, un parche para burlar la sentencia del español

El próximo 31 de mayo expira el plazo que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la consejería de Educación para que envíe a los centros educativos las instrucciones necesarias para cumplir con la llamada sentencia del 25 % de castellano. Sentencia que deja claro que se tienen que «adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25 % en uno y otro caso».

Teniendo en cuenta ese horizonte, PSC, comunes, ERC y Junts negociaron el proyecto de ley sobre el Uso y el Aprendizaje de las Lenguas Oficiales en la Enseñanza. El objetivo es que estuviera aprobado antes de que acabara el plazo fijado por el tribunal. Unos, independentistas y comunes, para sortear la aplicación de la sentencia; y según el PSC, precisamente para cumplir la sentencia. Pero entre las dudas de Junts, una vez más, y la maniobra de Vox, Ciutadans y PP, que han llevado el proyecto de ley al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), es prácticamente imposible que se apruebe la ley y entre en vigor antes de ese 31 de mayo. En El Debate hemos querido profundizar un poco más en el contenido de esta normativa.

¿Qué aporta de nuevo esta ley?

«Desde luego no rompe el mundo» o «no aporta nada nuevo». Es lo que nos dicen algunos de los expertos consultados por El Debate. Mantiene que el catalán es lengua vehicular, e introduce la fórmula de que el castellano es «curricular», aunque la LEC (Ley de Educación de Cataluña) ya contempla un estatus diferente para las dos lenguas. También establece de forma más clara que la acogida de los nuevos alumnos se hará en catalán y lo vincula a la lengua vehicular. Y sobre los proyectos lingüísticos insiste, como ya lo hace la LEC, en que son los centros los que los tienen que decidir y fijar en función del entorno sociolingüístico. Por todo ello, estos expertos creen que lo que se pretende con la ley es crear «confusión», y hacer ver al tribunal que están haciendo algo para cumplir la sentencia.

¿Con la ley se cumple la sentencia del 25 % de castellano?

Rotundamente, no. Es lo que nos dicen desde las asociaciones que defienden el bilingüismo, aunque también precisan que eso lo debe determinar el juez. Y es que nos recuerdan, no se cumplen algunos de los preceptos que fija la sentencia del 25 %: no se fija cuota mínima para el castellano; o no se considera al español, con el redactado actual, como lengua vehicular. Por este motivo, las asociaciones como la AEB esperan que el consejero envíe las instrucciones para cumplir con esta sentencia. Recordemos que el tribunal dio de plazo hasta el 31 de mayo.

¿Blinda la inversión lingüística?

Tampoco. La LEC ya decía que el catalán era la lengua vehicular de enseñanza. Con el proyecto de ley se mantiene esta consideración. Pero desde la AEB recuerdan que el tribunal entendió que el concepto de «vehicularidad» depende de la «oficialidad». Y en Cataluña hay dos lenguas oficiales, castellano y catalán. Y por lo tanto, ambas son «vehiculares» en la enseñanza, aunque la nueva ley no dé este estatus al castellano. Teniendo en cuenta esta argumento, nos dicen, por mucho que salga adelante la nueva norma, no va a cambiar la interpretación del tribunal en este sentido.

¿Se protege al castellano?

El PSC es uno de los argumentos que da para justificar su polémico apoyo al proyecto de ley. Apoyo ahora con matices, porque en los últimos días el líder del PSC, Salvador Illa, ha dejado claro que sólo va a apoyar esta norma si se cumple el 25 % de castellano. Lo cierto es que el proyecto de ley concede al español el concepto de lengua «curricular», y por lo tanto, la deja al mismo nivel que cualquier otra lengua extranjera, como el inglés, el francés o el alemán. Y la sentencia lo deja claro: para cumplir con ese 25 % otra asignatura troncal debe impartirse en castellano.

Tampoco se fijan cuotas, porcentajes. Se dice que eso lo tienen que hacer los centros educativos en función de unos parámetros establecidos, y que son «confusos», según nos dicen desde la plataforma Escuela de Todos. Parámetros como la adaptación a la realidad social (que ya está en la LEC), el cumplimiento de los objetivos de la normalización lingüística o el uso del catalán y el castellano en el entorno. Y también se incluye que hay que tener en cuenta «criterios pedagógicos».

Desde Escuela de Todos consideran que han incluido todos estos matices para dejar claro que no tienen que ser los tribunales los que fijen unos porcentajes, porque no saben de pedagogía, sino los propios centros. De hecho, este es uno de los argumentos que se da desde la Generalitat para reprochar a los jueces la sentencia, que no son nadie, en definitiva, para fijar porcentajes de ningún tipo.

En cualquier caso, en las próximas horas se vienen curvas, a la espera de conocer si el consejero de Educación, Josep González Cambray, cumple con las instrucciones del TSJC, se cumple efectivamente la sentencia sobre el 25 % de castellano, cuándo se acabará aprobando la nueva ley del catalán, y qué papel y qué postura tendrá finalmente el PSC.