La Generalitat multa a más de 100 empresas al año por no usar el catalán

El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, participó en un foro de las minorías de la ONU en Ginebra donde afirmó que Italia, Francia y España «no ofrecen al catalán la protección y reconocimiento que merece». La afirmación no deja de ser una paradoja dado que el partido de Aragonés, ERC, es un socio decisivo del gobierno de España al que el mismo Aragonés acusa de desprotección de la lengua catalana.

El gobierno catalán celebró el martes una reunión de urgencia para analizar la situación, según ellos, de emergencia que vive la lengua catalana. Aragonés y su gobierno ven como altamente preocupante el elevado porcentaje de población catalana, que a pesar de sus denodados esfuerzos, se empecinan en hablar en legua española y aprobaron un paquete de cien medidas para fomentar el uso del catalán.

Plan para niños

Uno de los objetivos del Gobierno catalán es «acelerar» el uso del catalán en los centros educativos. Tras más de 40 años de leyes de normalización e inmersión, que han relegado el uso del español a lengua no vehicular en la enseñanza, parece que los resultados no son los deseados.

La pretensión del Gobierno catalán es que el proceso de aceleración afecte a 700 centros educativos cada año pero habrá 100 colegios en los que se ha detectado un uso del español por parte del alumnado que al gobierno catalán le parece inquietante donde la intervención de la Generalitat será intensiva.

Asimismo, la Generalitat impondrá a las universidades que el master que se cursa para el ejercicio posterior de la docencia, el antiguo Curso de Adaptación Pedagógica, incluya contenidos relativos a la inmersión lingüística en catalán y la gestión del multilingüismo.

La presión para relegar a la lengua española llega por todos los frentes y con fuerte apoyo desde las instituciones públicas y los medios de comunicación que reciben subvención por editarse en catalán. Hace pocos días las familias de la escuela Turó del Drac, de Canet de Mar, que se hicieron tristemente célebres por su oposición a la aplicación de una sentencia que permitía que los alumnos realizaran el 25% de las asignaturas en lengua española a la vez que señalaron a la familia del niño y compañero de clase que había presentado la demanda judicial han sido premiados por la Asociación de Publicaciones Periódicas en Catalán (APPEC). El premio lo entregó la presidenta del Parlamento catalán, la republicana Alba Vergés.

Atención a los enfermos

El otro gran objetivo de las 100 medidas anunciadas por el Govern es la imposición del catalán como lengua única en el ámbito de la sanidad. En este sentido la Generalitat prevé que cada centro sanitario catalán tenga una figura denominada «referente lingüístico» una especie de comisario que velará porque la lengua usada entre los profesionales sanitarios así como con los usuarios sea el catalán. La idea fundamental de la Generalitat es que los pacientes deben ser atendidos en catalán. Sobre los derechos de aquellos que quieran ser atendidos en español no se conoce ninguna previsión de actuación por parte de la Generalitat dado que la legislación vigente en Cataluña, incluido el estatuto de autonomía, no reconoce al español como lengua propia de la población catalana estableciendo una distinción discriminatoria entre el catalán al que considera lengua propia de Cataluña y el español al que califica como mera lengua cooficial.

Enseñanza a discapacitados

Las personas mayores tampoco escapan del plan de catalanización definitiva de la sociedad catalana perpetrado por la Gobierno de ERC y entre las medidas aprobadas se incluye la promoción del catalán en centros de día, residencias de ancianos e incluso centros de discapacitados.

Imposición a las empresas

Las propuestas de la Generalitat para el monolingüismo no se limitan a sectores tan importantes como la enseñanza o la sanidad sino que también incluyen el mundo de la empresa.

El Gobierno catalán pretende modificar el código de consumo de la Generalitat para conseguir que la lengua que se use cara al público en el mundo en las empresas sea siempre el catalán. Además, la Generalitat quiere que el dinero de las multas impuestas a las empresas por incumplir las normas en materia lingüística sean finalistas y se usen en formación para los empleados de las empresas multadas con el fin de que estos aprendan a usar el catalán como lengua de atención al público y de trabajo.

Intensa actividad inspectora

La Generalitat reconoce que en lo que va de año ha recibido 456 denuncias sobre temas lingüísticos relacionados con empresas y que han realizado 960 actuaciones de oficio de las que 33 ya se han convertido en sanciones.

La actividad fiscalizadora de la Generalitat relativa al uso del catalán por parte de las empresas y los trabajadores se remonta a 2009, desde entonces la Generalitat ha multado a 1.438 empresas a las que ha sancionado con multas por valor de más de 1,1 millones €.

El código de consumo de Cataluña es una ley que indica que toda la información comercial así como la señalética de un establecimiento comercial debe ser en catalán. Cuando la empresa es de consumo los productos deben estar etiquetados en catalán y los restaurantes deben presentar el menú en catalán. No tener la carta en catalán supone, según el régimen sancionador del código de consumo una multa de hasta 10.000 €.