La trampa del referéndum no vinculante que pactarán ERC y el PSOE

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, siempre hace esfuerzos para poner de manifiesto que Cataluña es diferente al resto de las comunidades autónomas. No acude a los actos de la Constitución ni de la Fiesta Nacional, durante el COVID se hacía el remolón en las reuniones de la llamada co-gobernanza y lo último ha sido adelantar el habitual discurso de fin de año de los presidentes autonómicos al día de San Esteban.

En su discurso Aragonès dejó claro su único objetivo para 2023: fijar las condiciones de un referéndum en Cataluña. ERC sabe que tiene la paella por el mango y que en sus manos está la investidura de Sánchez si la misma es posible sumando sus votos a los de Bildu, Podemos y el resto de partidos nacionalistas.

En su alocución el presidente de la Generalitat midió sus palabras, evitó hablar directamente de autodeterminación para hablar de «un acuerdo de claridad». Este eufemismo, de reminiscencias de los referéndums de Quebec de 1980 y 1995 ya fue propuesto por Miquel Iceta, como líder del PSC allá por 2014. En aquellos días Iceta defendía los referéndums de claridad canadienses como solución para Cataluña dado que no eran vinculantes.

Las posiciones republicanas y socialistas se acercan a pasos agigantados: Illa también defiende un referéndum en Cataluña. Afirma el líder socialista que lo que se tiene que votar en Cataluña «no es la independencia, si no la relación con España». A su vez, Aragonès propone un acuerdo de claridad.

Este tipo de referéndum al que el PSOE accedería si necesitara los votos de ERC para una eventual investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales de diciembre de este año 2023 sortearía la presumible prohibición del Tribunal Constitucional dado que no sería vinculante y además no trataría sobre la independencia. ¿En estas circunstancias dónde está el peligro?

La concesión de un referéndum, en principio no vinculante para Cataluña, en el que se realizará una pregunta sobre el encaje territorial de Cataluña dentro de España sin preguntar directamente sobre la independencia sería en realidad un referéndum avalado por el Estado en el que los partidarios de la separación, o sea, las instituciones catalanas, los medios de comunicación públicos y los partidos políticos aliados de Pedro Sánchez apoyarían la fórmula de replantear la relación con el Estado dejando solos y presentados como retrógrados e inmovilistas a los catalanes partidarios de mantener el actual marco constitucional, que es, por cierto, el que hace que España sea la nación más descentralizada de la Unión Europea.

Una vez Sánchez conceda la celebración de un referéndum en 2023 falsamente no vinculante a ERC a cambio de sus votos en la investidura el resultado está cantado, dado que en Cataluña no se dan las condiciones de igualdad democrática para un debate entre iguales.

La apariencia de legalidad, al ser un referéndum no vinculante pactado con el Estado, permitiría superar el 50 % de participación, dado que mucha gente de buena fe iría a expresar su opinión contraria a la separación, que sería la pregunta real subyacente del referéndum. Tras una noche electoral en la que el independentismo aliado de Sánchez pudiera lucir legalidad, participación superior al 50 % y un voto favorable, ¿qué frenaría al independentismo para alcanzar el último escalón hacía la separación? Nada. Solo sería cuestión de meses.