El acuerdo presupuestario entre ERC y el PSC agravará el infierno fiscal catalán

ERC y los comunes de Colau cerraron antes de Navidad un acuerdo para sacar adelante el presupuesto de la Generalitat de Cataluña para 2023 y esperan el visto bueno del Partido Socialista para los próximos días.

La demora socialista, cuyos votos son imprescindibles para la aprobación de las cuentas públicas catalanas, se debe a que los socialistas no querían dar su ok antes de Navidad para que su apoyo no sea interpretado como una nueva cesión frente al independentismo y con la dilación buscan dar imagen de fuerza y negociadores implacables. Pero la realidad es que la relación entre las tres fuerzas políticas es muy buena, el acuerdo es total y el retraso es una mera escenificación.

ERC, sabedora de que el PSC necesita unos días, espera a que su socio madure su apoyo y se limita a recordar que el proyecto de presupuesto recoge el 87 % de las peticiones socialistas y que los grandes proyectos que el líder del PSC exige desatascar, como la ampliación del aeropuerto, el cuarto cinturón o el complejo hotelero Hard Rock colindante a Port Aventura, pueden negociarse fuera del acuerdo presupuestario. Desde los comunes de Colau y Asens, que se oponen a todos estos proyectos, ven con buenos ojos abrir mesas de negociación sobre todos ellos, dado que eso les permitiría mostrar reiteradamente su oposición.

El presupuesto de la Generalitat catalana no solo mantiene a Cataluña como la comunidad que somete a mayor carga fiscal tanto a empresas como a personas físicas, sino que apuesta por el incremento de la presión tributaria, incrementando gravámenes y creando nuevas figuras tributarias. El año 2022 se cerró como un año récord en recaudación para la Generalitat en materia de tributos propios, el impuesto de transmisiones patrimoniales alcanzó su nivel más alto desde 2006 con 1.957 millones de recaudación y el de actos jurídicos documentados el más elevado desde 2008 con 706 millones recaudados.

El nuevo año no solo consolida la tendencia de 2022, sino que la incrementa. El turismo, la principal fuente de riqueza y empleo de Cataluña, se verá sometida a un nuevo impuesto, inédito en España, sobre emisiones de CO2 emitidas por los cruceros. Este nuevo impuesto también se aplicará sobre barcos portacontenedores que recalen en los puertos catalanes afectando a la industria y la distribución. El departamento de economía de la Generalitat en la memoria de presentación del nuevo impuesto afirma que ingresará 9,2 millones en su primer año de aplicación y que la cifra crecerá hasta llegar a los 26 millones en 2026. Este nuevo impuesto afectará al 73 % de los 2.090 barcos que recalan cada año en el puerto de Barcelona y a otros 938 que transportan viajeros o mercancías y tocan tierra en Tarragona.

Pero los incrementos de impuestos en Cataluña no terminan aquí. Desde el día 1 de enero los peajes de las autopistas titularidad de la Generalitat han subido un 7,3 %. Hay que recordar que desde septiembre de 2021 las autopistas del Estado levantaron sus barreras en Cataluña y que la Generalitat mantiene los peajes en las suyas, algunas de ellas en zonas de gran carga de tráfico, como los túneles de Vallvidrera –que conectan Barcelona con Sant Cugat–, la autopista del Garraf, la autopista de Manresa o el túnel del Cadí.

Asimismo, el Gobierno catalán, sin esperar a tener luz verde al presupuesto, ha incrementado el impuesto de patrimonio con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022 con el objetivo de poder recaudar por este concepto 12 millones extras en 2023.

La capacidad confiscatoria del Gobierno catalán abarca casi todos los sectores de la actividad económica. En este estado de cosas, los denominados grandes tenedores de inmuebles, o sea, toda empresa o particular con más de 10 inmuebles, verá incrementado el gravamen específico al que hacía frente en un nada desdeñable 33 % de aumento del gravamen.

El acuerdo entre ERC y los comunes al que se sumará en los próximos días el PSC también ha acordado desarrollar el reglamento que permitirá implantar un impuesto sobre los alimentos ultraprocesados. Este impuesto, que entrará en vigor en 2024 y genera especial preocupación en las empresas cárnicas. Expertos consultados por El Debate consideran que tanto el impuesto sobre inmuebles como el que afecta a la alimentación acabarán siendo asumidos por arrendatarios y consumidores respectivamente e implicarán un incremento del coste de los contratos de alquiler, cuando toque la revisión, y de los productos a la venta en las grandes superficies y economatos.

Los efectos de la política económica catalana han perjudicado notablemente a las empresas catalanas, que en 2021 encabezaron el ranking autonómico de insolvencias con 2.446 concursos de acreedores, casi el doble de los 1.259 presentados en los juzgados de la Comunidad de Madrid.

Asimismo el cóctel de elevada fiscalidad, deuda creciente y déficit ha afectado al PIB per capita catalán, que en lo que va de siglo ha crecido solo 748 euros, por debajo de la media nacional, que ha sido de 1.501 euros. En este mismo periodo el PIB per capita de los madrileños ha crecido cuatro veces más hasta los 2.721 euros. Solo La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana han experimentado peor comportamiento que Cataluña.