El 'procés' viaja a Madrid y okupa las instituciones del Estado

Muchos catalanes tienen un papel muy relevante en diversas instituciones del Estado y empresas públicas estratégicas. La tercera autoridad del país es Meritxell Batet, la ministra de Transportes es Raquel Sánchez, el de cultura y deporte Miquel Iceta, el de universidades es Joan Subirats, AENA la preside Maurici Lucena y Marc Murtra está al frente de Indra, la secretaria de estado de digitalización es Carme Artigas, el secretario de estado de comunicación es Francesc Vallès... la lista podría seguir y seguir. Muchos medios de comunicación públicos y privados tienen a catalanes al frente, Josep Cuní en las noches de Radio Nacional, Àngels Barceló en el matinal de la SER; pero al independentismo nada de esto le vale: solo los catalanes independentistas son para ellos verdaderos catalanes y pueden ser considerados como tales a la hora de ocupar un cargo público.

Juan Milián Querol escribió un libro profético «El Proceso Español» (Ed. Deusto) en el que apuntaba que todos los males del procés —que no son otros que la patrimonialización de las instituciones por parte de una ideología radical; la imposición del legislativo sobre cualquier otro poder, anulando así la democracia; y la inseguridad jurídica resultante de los dos puntos anteriores— habían cogido el AVE para mudarse de Barcelona a Madrid.

Los pactos de la Transición entre el PSOE y el PP con los partidos nacionalistas vascos y catalanes, el PNV y CiU, tenían una lógica muy simple: Yo te apoyo para gobernar España y tu a cambio me dejas hacer lo que me de la gana en mi Comunidad autónoma. Funcionó desde 1989 con el pacto constitucional de González con Pujol y Arzalluz para su investidura hasta 2018, donde el voto de ERC y Bildu fue clave para que prospera la moción de censura contra Rajoy. Es en ese momento del verano de 2018 cuando Dolors Bassa, de ERC y condenada por sedición y malversación, dijo eso de: «hay que apoyar a Sánchez, ¿A quién íbamos a sacarle más?».

Carta blanca

Tras el intento de separación unilateral de octubre del ’17 y la posterior sentencia por sedición y malversación, el independentismo ha entendido que ya no le vale tener carta blanca para hacer lo que quiera en su territorio; si quieren conseguir su objetivo deben doblegar las instituciones del Estado y que estas no sean un freno legal y democrático a sus pretensiones.

Cataluña y el País Vasco ya hace muchos años que debido a la rendición incondicional del Estado en esos territorios no son España, solo son pseudoespaña. Quienes han pagado la factura de la rendición del Estado en Cataluña y el País Vasco son los catalanes y los vascos que han tenido que domiciliar fuera de su lugar de fundación sus empresas. La Castellana y los polígonos riojanos están llenos de empresas catalanas y vascas. El coste de las investiduras de González, Aznar o Zapatero ha sido que los vascos o catalanes que deseen que sus hijos aprendan español en la escuela deban pagar un centro privado donde, por cierto, comparten pupitre con los hijos de los jerarcas nacionalistas que también huyen de las leyes de inmersión lingüística que sus padres imponen al resto de la sociedad.

Pero el independentismo catalán y el vasco, donde Bildu cada vez tiene más fuerza al igual que en Cataluña ERC, se ha comido la falsa moderación de CiU. Ahora saben que si no consiguen demoler al Estado desde dentro jamás podrán obtener la independencia, dado que a pesar de su ingeniería social persistente, los tozudos vascos y catalanes se resisten mayoritariamente a odiar a su propio país.

Controlar el Estado

Desde la investidura de Sánchez en enero de 2020 la estrategia del independentismo ya no consiste en ocuparse de «sus cosas», ahora quieren controlar al Estado, debilitarlo y dejarlo sin defensas para que su salida de España sea viable. Una vez más, quien va a pagar la factura de la debilitación del Estado, que Sánchez está facilitando, son los catalanes y los vascos no nacionalistas, que son los rehenes de los dirigentes políticos independentistas que gobiernan en sus respectivas comunidades.

Nombrar miembros del Tribunal de Cuentas que miren hacia otro lado. Derogar delitos como la sedición o la malversación para que, como dice Junqueras, cuando «lo vuelvan a hacer» sus delitos no tengan consecuencias y el Estado no pueda defender al estado de derecho. Atacar a la Monarquía deslegitimándola e impidiéndole visitas a Cataluña en días importantes como el acto de graduación de la Escuela Judicial, que tiene su sede nacional en Barcelona. Abrir las puertas del CGPJ y del TC a activistas en lugar de a magistrados es un proceso sistemático de demolición de estructuras de estado planificado por ERC y Bildu y tolerado por Sánchez, que no tiene otro objetivo que crear las condiciones adecuadas para que la separación, y, por lo tanto, la destrucción de España, sea posible.

El procés ha viajado a Madrid y no solo por la ocupación de las instituciones del estado por parte de partidos como ERC o Bildu que tienen por objetivo la desaparición del Estado del que sustentan el gobierno, lo peor es que el relato del procés sobre la parcialidad de los jueces, la infiltración de la ultraderecha en la policía y la guardia civil o el franquismo latente en amplísimas capas de la sociedad española ya no es un discurso extravagante propio de la CUP, Junqueras o Puigdemont, hoy es el discurso de Pedro Sánchez y sus ministros.

Retorno de Puigdemont

La procesización de España que anunció Milián Querol es un drama que pasa porque quien gobierna en España asume el discurso de quienes como ERC o Bildu pretenden destruir España. Los próximos pasos son el retorno de Puigdemont y Marta Rovira al grito de que su huida no fue tal, fue exilio y fue injusto. Es una forma más de debilitar al Estado, presentándolo como no democrático y vengativo. Cuando lleguen las elecciones generales el indultado Junqueras encabezará la lista de ERC al Congreso para que una vez sea elegido diputado toda España sepa de verdad «quien manda aquí» e imponer el referéndum a cambio de la investidura de Sánchez.

El independentismo tiene las llaves del BOE, un relato y un plan. Enfrente, lejos de haber alguna estrategia, hay colaboracionistas infiltrados que saben perfectamente lo que está sucediendo, pero les da igual. Lo suyo es el corto plazo de ostentar el poder hoy.